MP ha realizado más de 41 mil imputaciones en materia de droga

El Ministerio Público (MP) ha presentado hasta la fecha 25.583 acusaciones y 41.376 imputaciones, resultando en la privación de libertad de 8.160 personas y un total de 12.030 sentencias condenatorias en la lucha contra las drogas.

Esta información fue destacada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en una rueda de prensa en la que hizo un balance del trabajo realizado por el Ministerio Público en cuanto a acciones penales y campañas informativas sobre delitos graves.

En relación a la lucha contra las drogas, el Fiscal General enfatizó que, además de las acciones penales, las autoridades venezolanas han incautado 214,5 toneladas de drogas ilícitas, incluyendo 190,7 toneladas de cocaína y 62,7 toneladas de marihuana.

«La lucha contra las drogas no se limita a la prevención. La persecución penal contra este delito es parte fundamental de nuestro trabajo diario», afirmó.

Saab también resaltó la importancia de crear conciencia sobre el tráfico de drogas, ya que detrás de esto se encuentran los traficantes de armas y personas, así como los responsables de la trata de personas. No se trata solo de la venta de drogas, sino de un objetivo de acabar con la humanidad.

En el mismo contexto, el Fiscal General recordó la campaña «La Droga Destruye tu Familia», iniciada en septiembre pasado, con el objetivo de educar a la población sobre el grave daño que causan las drogas en los consumidores y en su entorno familiar. Hasta la fecha, se han realizado 277 charlas y conversatorios preventivos en escuelas y comunidades, llegando a más de 13.138 niños, niñas, adolescentes y 7.796 adultos. Además, se llevaron a cabo 83 actividades en la calle que alcanzaron a más de 20.934 ciudadanos en todo el país.

En cuanto al acoso escolar, se han realizado 1.324 actividades en las que han participado 45.985 estudiantes, docentes, padres, madres y representantes. Se registraron 566 casos de acoso escolar en todo el país, con 207 adolescentes imputados y 37 condenas.

En relación a la campaña «Pedofilia es Crimen en los centros educativos», se han realizado 1.001 actividades formativas y de sensibilización en todos los estados del país, con la participación de 43.207 personas. Se han distribuido materiales informativos a aproximadamente 12.500 personas. Desde su llegada al Ministerio Público, se han acusado a 10.430 personas por delitos de abuso sexual a niños, niñas o adolescentes, se han imputado a 10.325 y se han condenado a 3.721.

El programa «El Ministerio Público va a tu Comunidad» ha atendido a la población que no puede trasladarse a las sedes fiscales. En 11 meses se han recibido aproximadamente tres mil denuncias y se han brindado 19.727 orientaciones. Los casos más denunciados son lesiones, estafas, violencia psicológica, invasiones, apropiación indebida y amenazas, entre otros.

En cuanto a la protección al adulto mayor, se ha atendido a 8.720 adultos mayores, recibiendo más de 3.057 denuncias de delitos, destacando los casos de apropiación indebida, perturbación a la posesión pacífica, invasiones y lesiones. Se han logrado 500 restituciones a la propiedad privada de los abuelos y abuelas.

En cuanto al maltrato animal, se han registrado 219 casos en lo que va de 2023 y se han detenido a 146 personas. Las penas para este tipo de casos consisten en arresto de 8 a 45 días y multas desde 100 hasta 2.000 Unidades Tributarias, además de otras medidas o sanciones accesorias.

En relación a la violencia contra la mujer, el Fiscal General destacó que desde 2018 se han registrado 628 casos de feminicidio consumados y 636 en grado de frustración, para un total de 1.264. En este periodo se han presentado 1.208 acusaciones y se han solicitado 340 órdenes de aprehensión. Actualmente, las denuncias han sido más directas y transparentes, sin miedo a denunciar debido a las amenazas del agresor.

Ante estos delitos contra la mujer y las personas vulnerables, el Fiscal General aseguró que todas las instancias del Ministerio Público están disponibles para atender las denuncias y a las víctimas. No se puede dejar impune un delito de esta naturaleza cuando se está para garantizar la vida de los ciudadanos.