¿El gobierno se enfrentará a los pranes? Se propone erradicar el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles venezolanas

Siete años después de la promulgación de una ley que prohíbe el uso de teléfonos móviles en las cárceles, el Gobierno de Venezuela ha intensificado la lucha para erradicar su presencia en estos recintos, según informó la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista. La ministra afirmó que se realizan requisas diarias para evitar que los reclusos tengan acceso a estos dispositivos, ya que algunos los utilizan para comunicarse con sus familiares, pero otros los utilizan para actividades indebidas.

Es bien sabido que los líderes negativos, conocidos como «pranes», coordinan desde dentro de las cárceles la comisión de delitos y crímenes en barrios, calles e incluso fuera del país. La ministra explicó que en algunas prisiones, sin especificar cuántas ni qué porcentaje representan, el Gobierno implementa un sistema de llamadas a familiares a través de teléfonos autorizados.

En 2016, la Asamblea Nacional, en aquel entonces de mayoría opositora, promulgó la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos desde las cárceles. Sin embargo, hasta el momento, las organizaciones no gubernamentales continúan denunciando extorsiones a comerciantes por parte de grupos delictivos que operan desde las prisiones.

Por otro lado, la ministra también mencionó que están trabajando en el «descongestionamiento de los centros penitenciarios» a través de la revisión de las penas de los detenidos, a quienes instó a emplearse dentro de las cárceles, ya que dos días de trabajo reducen un día de condena. Además, aseguró que los servicios en las prisiones son totalmente gratuitos, por lo que ningún familiar o recluso debe pagar por alimentación, asistencia jurídica, asistencia médica ni por las revisiones de medidas judiciales.

Según el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las cárceles registraron un hacinamiento del 64,19% durante 2022, con una población reclusa de 33.558 personas para una capacidad real instalada de 20.438 plazas.

Con información de EFE.