La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por las acciones arbitrarias y los abusos de autoridad cometidos por agentes de seguridad en Venezuela, que demuestran prejuicios relacionados con la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género, así como las características sexuales de las personas.
Esta instancia internacional se pronunció en relación con el caso de los 33 detenidos en un spa en Valencia, estado de Carabobo, quienes fueron expuestos públicamente con fotos, nombres y apellidos debido a su orientación sexual.
La CIDH recuerda que el pasado 23 de julio, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) llevó a cabo un operativo en un local privado frecuentado por personas LGBT en el estado de Carabobo, donde detuvo a 33 hombres gays y de la diversidad sexual.
«En el marco de esta acción, las personas detenidas fueron fotografiadas y sus imágenes, junto con las de sus documentos de identificación, fueron publicadas en varios medios de comunicación. De las personas arrestadas, 30 fueron liberadas bajo régimen de presentación en los juzgados, mientras que 3 permanecieron privadas de libertad durante diez días», señala la CIDH.
A pesar de que el operativo se originó supuestamente debido a quejas de los vecinos relacionadas con el ruido, defensores de derechos humanos afirman que la motivación detrás de estas detenciones ha sido el prejuicio y la discriminación hacia estas personas por su orientación sexual.
Todo esto en el contexto de que las personas LGBTI están especialmente expuestas a acciones arbitrarias o abusos de autoridad por parte de agentes de seguridad estatales basados en prejuicios contra sus orientaciones sexuales o identidades de género no normativas.
La CIDH recuerda que la criminalización de las relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo, ya sea a través de leyes o mediante acciones de los órganos de seguridad y justicia, es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos.
La organización recomienda, bajo los principios de debida diligencia, que cualquier información relacionada con la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género de las personas investigadas se maneje con estricto control de privacidad para salvaguardar el respeto a la dignidad y los derechos de las personas involucradas.
Por lo tanto, la Comisión insta a Venezuela a respetar los derechos humanos y a cesar la criminalización de las personas LGBTI, en estricto cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación.
Además, se hace un llamado al Estado para garantizar el principio de legalidad, asegurando la libertad de las personas en casos donde no haya imputabilidad o delito.
Finalmente, se insta a las autoridades a abstenerse de exponer públicamente a las personas imputadas y a velar por el estricto cumplimiento de los estándares de debida diligencia.
