El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este martes que el Ministerio Público (MP) ha firmado el Manual para la Investigación del Delito de Trata de Personas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
«Con la presencia de Directores y Fiscales Superiores, hemos firmado en la sede del MP, junto a Abubacar Sultan, representante de UNICEF, el Manual para la Investigación del Delito de Trata de Personas (Especialmente de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes). Este es un paso extraordinario de nuestra gestión para defender a nuestra infancia, promoviendo acciones y valores de justicia que nos permitan enfrentar a las mafias que ejecutan el tráfico de niños a nivel nacional y transnacional», informó Saab en su cuenta de Twitter.
Como parte del plan de trabajo 2020-2022 entre el Ministerio Público y UNICEF – Venezuela, se han creado cuatro guías socioeducativas. Una de ellas trata sobre el delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes; otra sobre el delito de maltrato a niños, niñas y adolescentes; la tercera sobre el delito de trata a niños, niñas y adolescentes; y la cuarta sobre la actuación del Ministerio Público ante los delitos cometidos por adultos contra niños, niñas y adolescentes, según una nota de prensa del MP.
«No son sindicalistas»
El fiscal general, Tarek William Saab, reiteró que los seis hombres condenados la semana pasada a 16 años de prisión no son sindicalistas, como afirman varias organizaciones, ni trabajadores de empresas públicas o privadas, sino «conspiradores». Saab aseguró que «no están inscritos en el seguro social» ni afiliados a «ninguna organización sindical».
En declaraciones a EFE, Saab insistió en que la información difundida por ONG y por la defensa de los detenidos «es falsa» y subrayó que son «conspiradores, no personas que defendían los derechos de los trabajadores» en una protesta en julio del año pasado, mediante la cual pretendían «atacar a la democracia».
Explicó que, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde se registran los empleados que trabajan legalmente, los condenados figuran como «cesantes» y que ninguno de ellos presentó durante el juicio constancias que los acreditaran como miembros de alguna organización sindical.
El fiscal reiteró que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín pertenecían a una «organización subversiva» que actuaba «al margen de la ley… conspirando contra la democracia en el país».
Aseguró que el grupo había planificado acciones contra el Gobierno, como «actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de julio de 2022», donde se encontraba el presidente Nicolás Maduro y el alto mando militar.
