El abogado y defensor de los derechos humanos, Alonso Medina Roa, ha denunciado la «debilidad jurídica» en la sentencia de 16 años de cárcel impuesta a seis líderes sindicales.
«No debemos cerrarnos a ningún tipo de negociación, siempre y cuando logremos la libertad de los 290 presos políticos. Sería importante escuchar a las familias», afirmó Medina Roa, quien también es coordinador de la Coalición por los Derechos Humanos. Para él, es indispensable poner fin a la situación de los presos políticos.
Este tema ha sido objeto de debate en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición, e incluso se ha discutido en procesos de diálogo, como en el caso de México en 2022.
Sin embargo, hasta ahora no se han logrado avances significativos en este tema.
Por otro lado, en una entrevista en el programa Vladimir a la Carta, Medina Roa denunció la «debilidad jurídica probatoria» en el caso de los seis líderes sociales condenados a 16 años de prisión por el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo.
«Me preocupa la debilidad jurídica probatoria con la que se pretende dictar condenas tan severas. Esto no solo afecta a seis líderes sociales, sino que también afecta al país y al sistema de justicia», señaló.
El abogado destacó que el Ministerio Público (MP) acusó a los detenidos, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho y Néstor Astudillo, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
«Vimos al señor Tarek emitiendo un pronunciamiento sobre la sentencia dictada por un tribunal de la República, haciendo referencia a actos totalmente alejados de la realidad. Afortunadamente, ese juicio está registrado en video. Creo que el Fiscal General tiene un gran desconocimiento de lo que realmente sucedió en el caso de los seis líderes sindicales», lamentó.
Medina Roa explicó algunas inconsistencias en el caso: «En este caso, pretenden otorgar valor probatorio a un informe de inteligencia que carece de validez jurídica según la doctrina nacional e internacional y las leyes venezolanas».
También resaltó que había un supuesto testigo que nunca apareció. «Además, había un supuesto testigo que podría proporcionar información y nunca apareció», precisó.
Otro aspecto diferente a la narrativa sobre la detención de los seis líderes sociales fue la extracción de información de los teléfonos celulares, donde, según el abogado, no hubo autorización de ningún tribunal para llevar a cabo el proceso de extracción de información.
«Hay dos normas constitucionales, la privacidad en las comunicaciones y el derecho a la intimidad en la información. Esto está protegido por las normas, tanto que existe una ley de delitos informáticos», puntualizó.
«Uno de los funcionarios en el juicio mencionó que estas seis personas iban a participar el 5 de julio con pancartas en los Próceres. Nos resulta difícil entender cómo unas pancartas pueden ser un elemento tan contundente como para generar el colapso de las instituciones», expresó.
«Estas situaciones afectan el principio de legalidad y el sistema de justicia, ya que todos queremos tener una seguridad jurídica adecuada», añadió.
Además, Medina Roa se refirió a los comentarios del gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, contra María Corina Machado. «Esperamos que el fiscal Tarek William Saab inicie una investigación penal contra el gobernador regional».
