Negociadores y funcionarios venezolanos rechazan el proceso de subasta de Citgo

Negociadores y funcionarios que representan a Venezuela se oponen a una subasta de acciones ordenada por una corte estadounidense de una de las matrices del refinador Citgo Petroleum para pagar a acreedores que reclaman más de 10.000 millones de dólares por expropiaciones e incumplimientos de deuda.

Una veintena de acreedores, que han ganado laudos arbitrales o juicios contra Venezuela y su petrolera estatal PDVSA, solicitaron el lunes a un tribunal federal de Delaware que registre sus casos para poder participar en la subasta, prevista para comenzar en octubre. La subasta otorgará prioridad a quienes hayan presentado sus reclamos en corte primero, señala una nota de Reuters.

Incluyendo intereses y tasas, los reclamos que incluyen a compañías como Crystallex International, ConocoPhillips, Tenaris y ExxonMobil podrían superar el valor de Citgo, el séptimo mayor refinador de Estados Unidos y que es propiedad de Venezuela, que recientemente se calculó entre 10.000 millones de dólares y 13.000 millones de dólares.

Una serie de organismos que supervisan a Citgo desde que la empresa rompió lazos con su matriz PDVSA, con sede en Caracas, tras las sanciones de Estados Unidos en 2019, intentan desde el año pasado negociar pagos con algunos de los acreedores más importantes.

«Esto no tiene sentido, es un proceso inmanejable», dijo a Reuters Horacio Medina, jefe de la junta ad-hoc que supervisa a Citgo. «¿Cuál es el punto que se está haciendo con esto? ¿Demostrar que Venezuela debe 150 billones de dólares y no tiene para pagarles a todos? ¿Por qué entonces rematar un activo que permitiría negociar pagos adicionales?», agregó.

El equipo que representa a Venezuela en Delaware está «muy limitado» en su capacidad para poder cumplir con el mandato de la nación de negociar pagos, especialmente desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio luz verde este año a la subasta organizada por la corte.

El senador estadounidense Bob Menéndez anunció este mes que presentará una reforma legal que agregaría a Venezuela a la jurisdicción de la Comisión de Arreglo de Reclamos Extranjeros del Departamento de Justicia para garantizar «un proceso ordenado de adjudicación de los reclamos legales de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno venezolano».

El proceso podría brindar una resolución más justa a los reclamos de los acreedores. Pero podría llegar demasiado tarde para detener la subasta en Delaware, dijo Medina.

El presidente Nicolás Maduro, quien ha criticado repetidamente la subasta, rechazó el lunes por la noche la forma en que se maneja Citgo y dijo que la empresa «ha sido secuestrada por el gobierno de los Estados Unidos».

«Sencillamente se están robando una empresa que cuesta más de 12.000 millones de dólares y que le pertenece a los venezolanos», agregó Maduro en un programa transmitido por la televisión estatal.

La Asamblea Nacional de Venezuela rechazó formalmente en mayo la luz verde del Tesoro a la subasta.

Fuente: Reuters