Negociadores y funcionarios venezolanos se oponen a una subasta de acciones de Citgo Petroleum, la matriz de una refinería de petróleo, que se lleva a cabo para pagar a los acreedores que reclaman más de 10.000 millones de dólares por expropiaciones e impagos de deuda.
Un grupo de acreedores con laudos arbitrales o demandas contra Venezuela y su petrolera estatal PDVSA ha solicitado a un tribunal federal de Delaware que registre sus casos para poder participar en la subasta que está programada para octubre. La subasta dará prioridad a las reclamaciones según el orden en que fueron presentadas.
Los reclamos colectivos de empresas como Crystallex International, ConocoPhillips, Tenaris SA y Exxon Mobil podrían superar el valor de mercado de Citgo, que se estima entre 10.000 y 13.000 millones de dólares, incluyendo intereses y tarifas.
Las juntas que supervisan a Citgo han intentado negociar pagos con los acreedores más grandes desde el año pasado, pero sin éxito. Horacio Medina, jefe de la junta que supervisa a Citgo, ha calificado el proceso de subasta como inmanejable y ha cuestionado su utilidad, ya que Venezuela no puede pagar todas las deudas.
El equipo que representa a Venezuela en los procedimientos de Delaware ha tenido limitaciones en sus esfuerzos por negociar los pagos, especialmente después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. aprobara la subasta en marzo.
El senador estadounidense Bob Menéndez planea presentar un proyecto de ley que agregaría a Venezuela a la jurisdicción del Departamento de Justicia de EE. UU. Esto garantizaría un proceso ordenado para resolver los reclamos legales de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno venezolano.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha criticado repetidamente la subasta y ha afirmado que Citgo ha sido secuestrada por Estados Unidos. En mayo, la Asamblea Nacional de Venezuela rechazó formalmente la aprobación de la subasta por parte del Tesoro de los Estados Unidos.
