CONDENA ANTICIPADA y LENTA: la terrible situación de los presos políticos en Venezuela

En un evento organizado por Amnistía Internacional América, se ratificó el uso de un patrón sistematizado por parte del Estado venezolano para mantener a raya a la disidencia mediante la violación de los Derechos Humanos y las detenciones arbitrarias.

Este martes, la ONG Amnistía Internacional- Américas organizó el foro en línea denominado: Vidas detenidas en Venezuela, en el cual se denuncia cómo en el país persiste una política de Estado no solo de mantener a decenas de presos políticos en condiciones deplorables, sino que se usa esta modalidad para «mantener a raya» a todos aquellos que protesten o se opongan a la administración de Nicolás Maduro.

En el evento participó, entre otros panelistas, Gonzalo Himiob, integrante del Foro Penal, quien hizo un recuento de la situación de los presos políticos y de cómo el Estado venezolano mantiene un patrón de actuación contra sus adversarios, a quienes considera enemigos.

En Venezuela hay «15.803 arrestos arbitrarios por motivos políticos, de ellos 9.440 siguen sujetos a procesos penales arbitrarios», dijo Himiob.

Ratificó que el Foro Penal tiene registradas 282 personas presas por motivos políticos, de ellas 156 no han sido condenadas, 126 están condenadas en condiciones irregulares, relató.

Patrón lamentable

«Estos números reflejan que existen varias constantes» en la actuación de los organismos de seguridad del Estado.

«La primera es que no hay evidencia o elementos de convicción que permiten vincular a estas personas a algún delito… en algún caso, son elementos viciados o forzados para vincular a esa persona a los supuestos delitos», denunció.

Lamentó que «en la gran mayoría de los casos pasan años detenidos, solo con un acta policial de arresto» como soporte de esa actuación.

En segundo lugar destaca que estos «arrestos se producen con el uso arbitrario de la fuerza. Hay personas que ni siquiera estaban protestando y las detuvieron con violencia. Son llevadas a los centros de reclusión en condiciones graves, sin que puedan ejercer sus derechos», dijo.

Aclaró que, dependiendo de la coyuntura, estas detenciones se dirigen a grupos o individualidades específicas. Por ejemplo, en el 2014, cuando eran los jóvenes los que protestaban, los arrestos se producían contra este grupo.

Otra constante es que a estas personas «se les incomunica, no pueden hablar con sus abogados o familiares. Los desaparecen por horas o días y desaparecen y las autoridades se niegan a reconocer si esa persona está detenida, en qué lugar se encuentra o sus condiciones».

Una vez que se produce el arresto, «los torturan, les someten a tratos crueles y degradantes. Se busca que con el arresto enviar un mensaje claro al grupo al que pertenecen a estas persona y el mensaje es: ‘puedo hacer contigo lo que yo quiera'».

Impunidad absoluta

Himiob denunció que que, «en casi la totalidad de los casos persiste la absoluta impunidad en las violaciones de los DDHH. Hay casos de personas que llegan a las audiencias torturadas, se le exige a los tribunales que cumplan con la ley y en la mayoría de los casos no se acata. Asi garantizan la impunidad de los violadores», alertó.

También resaltó que «uno de los maltratos habituales es contra las mujeres detenidas, a quienes se les amenaza con agresiones sexuales o se cometen agresiones puntuales, como exponerlas, desnudarlas, se les amenaza con violarlas o enviarlas a cárceles donde se les va a violar».

Igualmente, se usan tribunales especiales como los de terrorismo o delincuencia organizada, en muchos casos las personas son detenidas en un estado del país y luego se les lleva a otros estados, lo que dificulta mucho a los familiares llevar alimentos o medicinas y atenderlos.

Ratificó que «ningún centro de reclusión cumple con las condiciones para mantener a los presos, desde la higiene básica a la alimentación. Dentro de la lógica de este proceder tenemos que el proceso penal ha quedado desnaturalizado y refleja la ausencia del estado de derecho».

En Venezuela, agrega, «el proceso penal no es una herramienta para buscar la verdad, sirve para corroborar y reafirmar el uso del poder para neutralizar a las personas que son incómodas al poder».