Las ONG Súmate, Acceso a la Justicia y Observatorio Electoral Venezolanos recordaron a los nuevos rectores no solo sus deberes, sino que los deben cumplir de manera “imparcial”.
Sobre la recién designada directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) están puestos los ojos de varias ONG defensoras de los derechos civiles de los venezolanos, a propósito de que los “nuevos rectores” no son en realidad “caras nuevas” y no cumplen con una de las premisas establecidas en la Constitución para la elección de estos funcionarios: independencia política.
De allí que organizaciones como Acceso a la Justicia, Súmate y el Observatorio Electoral Venezolana (OEV), hayan coincidido en hacer un análisis de las implicaciones que conlleva esta nueva directiva y que derivan en la desconfianza, precisamente, relacionada con que se garantice el derecho al voto y las condiciones electorales.
No son tan nuevas esas caras
“El árbitro que se encargará de organizar los próximos comicios presidenciales no es verdaderamente nuevo y tiene menos independencia que el anterior. Cinco de sus 15 miembros (33,3 %) ya estuvieron en el anterior organismo que implosionó el pasado mes de junio, cuando la mayoría de sus entonces integrantes renunciaron sin justificación jurídica alguna”, destaca la ONG Acceso a la Justicia, en un comunicado.
Para la organización llama la atención que “algunos de los entonces dimisionarios, como el ahora rector principal Carlos Quintero y los suplentes Leonel Enrique Parica, Gustavo Vizcaíno, Conrado Pérez y Francisco Garcés, fueron reelegidos por la Asamblea Nacional (AN). Nadie ha explicado cómo la renuncia de dichos funcionarios y su reelección favorecerá las conversaciones y acuerdos”.
Agrega que estos nuevos rectores arrancaron su “carrera” con mal pie, la cual parte de “la falta de transparencia por parte de la instancia evaluadora (el Comité de Postulaciones), pues en ningún momento informó los criterios, la metodología o el baremo utilizados para calificar a los aspirantes”.
El reparto de sillas
Asimismo, la ONG destaca que “la AN nombró a tres rectores vinculados con el chavismo y a dos con la oposición, algo que pone en duda su independencia y necesaria imparcialidad a la hora de llevar adelante unos comicios”.
Y esta afirmación se agrega al hecho del nombramiento del antiguo Contralor, Elvis Amoroso, como presidente del CNE, no solo porque “tiene públicos y notorios nexos con el oficialismo”, sino porque ha sido el artífice de las inhabilitaciones de Henrique Capriles Radonski, Freddy Superlano y más recientemente de María Corina Machado.
La oposición tampoco se queda atrás, con la designación de Aimé Nogal, “quien es considerada cercana al partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que fundó y lidera el gobernador del Zulia, Manuel Rosales” y de “Juan Carlos Delpino, quien es cercano a la fracción de Acción Democrática (AD) que encabeza el exdiputado Henry Ramos Allup”.
Para Acceso a la Justicia “el nuevo CNE, el cuarto en cinco años, nace viciado, pues su elección se produjo fuera de lapso, ya que el anterior árbitro apenas tenía año y medio en sus funciones”.
Por lo que considera que “hay motivos sobrados para dudar de la legitimidad y legalidad del nuevo CNE, por cuanto se repitieron vicios del pasado y se profundizó su ausencia de independencia respecto del designado en 2021”.
El deber ser
De su lado, la ONG Súmate remarcó que el nuevo CNE tiene varias tareas pendientes.
“Tiene que garantizar el ejercicio del derecho al sufragio y mejorar las condiciones para las votaciones, a través del cumplimiento de sus competencias”, destaca también en un comunicado.
“El CNE, como ente rector del Poder Electoral, debe garantizar el ejercicio del derecho al sufragio a todos los venezolanos dentro y fuera del país, para lo cual debe cumplir con las funciones y competencias que le asigna la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral”, dijo.
Súmate aseguró que entre estas tareas resaltan “la convocatoria y la organización de las elecciones para los cargos de elección popular en concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos”.
Esto implica la celebración de comicios presidenciales, a más tardar, en diciembre de 2024; los legislativos, regionales y locales en el segundo semestre de 2025, así como los de “los alcaldes en siete municipios del país” con “falta absoluta” por distintas causas.
Además, insistió en que el CNE debe ocuparse de la “actualización oportuna y correcta del Registro Electoral (RE), en forma permanente e ininterrumpida, con el fin de facilitar los trámites de inscripción y actualización a más de 10 millones de venezolanos dentro y fuera del país”.
Esto requiere jornadas especiales de inscripción y la activación de centros del RE en sedes diplomáticas de Venezuela en el exterior.
¿Ente imparcial?
Entre tanto, el OEV pone énfasis en que el CNE debe ser “imparcial” para “encarar el próximo ciclo electoral que comprenderá la renovación de todos los cargos de elección popular de la República en el bienio 2024-2025: un presidente de la República, 277 diputados a la AN, 23 gobernadores, alrededor de 250 legisladores estatales, 335 alcaldes y casi 2.500 concejales municipales”.
La organización recuerda a los rectores que “la administración electoral es, mundialmente, una de las 11 dimensiones que componen los índices de integridad a través de los cuales son evaluados y observados los procesos electorales”.
Por ello, insiste en que “el árbitro debe ser un ente imparcial encargado de hacer cumplir las reglas de juego y llevar a cabo votaciones libres, universales directas y secretas”.
