La ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) ha registrado, entre octubre de 2022 y julio pasado, 240 casos sospechosos de tuberculosis en 161 calabozos policiales de Venezuela, donde la falta de distanciamiento provoca la propagación de enfermedades infecto-contagiosas, según alertó la organización este miércoles.
Estas sospechas surgieron después de realizar 18 jornadas médicas entre octubre del año pasado y julio de 2023, con el objetivo de determinar las condiciones sanitarias de los centros de detención preventiva y el estado de salud de los presos. Aunque la ONG no precisó si se realizaron pruebas específicas para confirmar o descartar la enfermedad, ni si se aplicó algún tipo de tratamiento a los presos.
Según UVL, en estos 161 espacios conviven 10,254 presos, a pesar de que la capacidad total es de 6,028 personas, lo que representa un hacinamiento del 170%.
La falta de distanciamiento es lo que provoca que enfermedades como la tuberculosis, la sarna, la gripe y el COVID-19 se mantengan en la lista de problemas de salud entre los presos, afirmó UVL.
La ONG informó que al menos 8 reclusos murieron entre octubre de 2022 y enero de este año por temas relacionados con la salud, sin especificar el tipo de enfermedades o afectaciones que sufrían. Además, se registraron 45 detenidos con VIH/sida y 7 con COVID-19, así como 411 con un cuadro aparente de desnutrición, pero no se menciona si alguno de ellos falleció posteriormente.
Estas cifras corresponden a 161 calabozos evaluados, de los más de 1,000 que hay en el país, por lo que no se descarta que existan otros casos en el resto de los centros de detención preventiva.
Las jornadas médicas se llevaron a cabo en Caracas y seis de los 23 estados del país, donde atendieron a un total de 1,276 personas, incluyendo 83 adolescentes y varias embarazadas.
Por otra parte, según la organización, de los 161 centros de detención, solo 86 tienen baños y 87 cuentan con agua potable, y ninguno tiene espacios especiales, capacidad o personal para atender a mujeres embarazadas o personas con discapacidad física o mental.
La ONG enfatizó que el Estado venezolano debe desarrollar políticas públicas para atender a la población reclusa detenida en estos espacios, donde los presos pasan años a pesar de que deberían estar solamente por 48 horas.
