El Informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela [en lo sucesivo La Misión], Consejo de DDHH/ONU [54to Periodo de sesiones], hace innegable la violación de DDHH y perpetración de crímenes de Lesa Humanidad por el gobierno de Venezuela.
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A este reporte se suma la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional [CPI]-en el marco de la apelación de Venezuela para suspender la investigación fiscal-que abre espacio a la Oficina de Participación y Reparación de Víctimas [OPRV] para escuchar sus testimonios. Un interés de la Sala de sopesar fundamentos sobre la continuación de la investigación en la CPI sobre Venezuela I.
Como si no fuese suficiente, ahora el episodio del Centro Penitenciario Tocorón. Al decir de Leonardo Padrón ni “Netflix hubiese aceptado un guión sobre lo que ocurre en Tocorón, por excesivo e inverosímil…” Qué decir de lo que leerán a continuación: Sumario del reporte concluyente de La Misión…
La Misión investigó dos muertes: la del General Raúl Isaías Baduel, que murió el 12/10/2021 bajo custodia del SEBIN en El Helicoide, y Salvador Franco, miembro del pueblo indígena Pemón, que murió el 3/01/2021 en la cárcel de El Rodeo I. Morir en custodia es morir a sabiendas de una privación o de un estado crítico de salud…La Misión registró personas detenidas arbitrariamente, en el marco de la represión selectiva de opositores del Gobierno….
Denuncia [La Misión]crímenes de “tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como política de Estado dirigida a silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno” […] Los actos documentados “incluyeron golpizas (en la cabeza, costillas, glúteos, genitales, piernas y dedos de las manos y pies); suspensión por muñecas o tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza rociadas con insecticida; exposición a bajas temperaturas y baños fríos” [Informe A/HRC/54/57-D.40]
La Misión igualmente registró como torturas: “quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, luz constante 24 horas del día y música a alto volumen; celdas de espacio reducido que permiten sólo estar de pie y aislamiento prolongado; tortura psicológica, amenazas las parejas e hijos de detenidos”. Indica que ciertos actos de tortura y malos tratos “tuvieron por objeto castigar a los detenidos por sus actividades-sindicales o de DDHH-por denunciar actos de corrupción, por su activismo político o por pronunciarse en contra del Gobierno” [Ob. Cit.]
Las autoridades venezolanas [señala el reporte] no investigaron ni sancionaron las torturas y malos tratos, pese a las denuncias. “Ni el sistema de justicia ni la Defensoría del Pueblo han actuado con la diligencia debida” …
La Misión-subrayado nuestro-recibe información sobre condiciones deficientes de detención de los opositores al Gobierno en centros de la DGCIM [Boleíta], El Helicoide-del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional-y en el INOF…Denuncia igualmente violencia sexual y de género, “utilizándose como forma de tortura y humillación contra personas opositoras al Gobierno, o percibidas como tales, perpetuando un ciclo de abuso y opresión” [Ídem].
Para el periodo desde 2020-2023, La Misión ha investigado 19 víctimas de violencia sexual o de género en lugares de detención, incluyendo personas opositoras, familiares, abogados o abogadas y una mujer transgénero. Cita: “Funcionarios de las FAE y de DGCIM perpetraron actos de violencia sexual o amenazaron a personas con violarlas (detenidas que enviarían desnudas a una habitación con funcionarios varones)”. Además, La Misión ha investigado 42 casos de ataques y restricciones al funcionamiento de partidos políticos y ONG de la S.C, activistas de DDHH, sindicatos y medios de comunicación. Aún siguen detenidos activistas como Javier Tarazona o el periodista Roland Carreño.
La Misión también documentó amenazas y agresiones físicas por parte de “colectivos” y civiles afines al Gobierno contra miembros de partidos de la oposición y periodistas. [Ataques] que tuvieron lugar frente a fuerzas de seguridad que no intervinieron. La Misión-dice el informe- “tiene motivos razonables para creer que existe una campaña gubernamental concertada para socavar la reputación de personas opositoras mediante mensajes difamatorios y estigmatizadores emitidos por altos funcionarios del Estado”.
Los individuos, medios de comunicación y organizaciones que publican información crítica al Gobierno-detalla el reporte-son los blancos más comunes de declaraciones difamatorias y de descrédito por parte de funcionarios del Estado. Elocuente: “Durante los actos públicos del Gobierno y las sesiones televisadas de la AN, se realizan declaraciones difamatorias y de descrédito contra personas opositoras. Diosdado Cabello, VP del PSUV, utiliza regularmente su programa Con El Mazo Dando…”
La Misión señala “que el sistema de justicia penal venezolano se ha utilizado para criminalizar a personas críticas u opositoras al Gobierno, y en particular periodistas, sindicalistas, defensores de DDHH y activistas políticos…” La legislación venezolana-que prohíbe la difamación y la calumnia, incluida la cuestionada Ley contra el Odio-se ha utilizado para criminalizar el trabajo de defensores de DDHH y periodistas. Es el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, acusado de “incitación al odio” en julio de 2021 por haber denunciado supuestos vínculos entre grupos armados y el Gobierno. Nos preguntamos, ¿por qué acciones de difamación y contra la incitación al odio no amparan a ciudadanos sometidos a descalificación, descrédito y escarnio público por actores del régimen?
La Misión también documentó casos de defensores de DDHH y funcionarios públicos que denunciaron actos de corrupción por autoridades del Estado y que fueron criminalizados con acusaciones infundadas como “asociación para delinquir” y “revelación de información confidencial”.
En varios casos de criminalización investigados por la Misión, las personas procesadas sufrieron graves violaciones al debido proceso. En particular, La Misión identificó, “retrasos indebidos en los procedimientos judiciales, lo que da lugar a que los acusados tengan que esperar meses o años entre audiencias; se le niegue acceso a un abogado de su elección, que el Ministerio Público les niegue una copia de su expediente o que los casos se “archiven.” ¿Por qué no se sobreseen los casos manifiestamente perimidos?
Un caso ilustrativo es el del periodista y miembro de un partido de la oposición, Víctor Ugas, procesado por “resistencia a la autoridad” en diciembre de 2019. Durante los primeros 32 meses de este proceso a Ugas se le negó́ el derecho a abogado de su elección y no se le concedió́ acceso al expediente…Ugas sigue detenido. Otro caso ilustrativo “es el de los sindicalistas Néstor Astudillo, Eudis Girot, Gabriel Blanco, Alcides Bracho, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Emilio Negrín-detenidos en julio de 2022 tras protagonizar protestas laborales. Luego de su detención fueron acusados de delitos de “terrorismo”, “asociación para delinquir”, “sabotaje” y “conspiración”. Fueron condenados en Agosto/2023 por los delitos de conspiración y asociación delictiva [Ob. Cit. C.67]…
Pero “El niño Guerrero” cabecilla del tren de Aragua, gozaba de libertad plena…Así son las cosas.
No escapa [el informe] mencionar a los inhabilitados. “La Misión tiene motivos razonables para creer que las autoridades han utilizado la inhabilitación política para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos…” Es la aplicación inapropiada y artificiosa del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para impedir que personas se postulen a cargos públicos [lo cual no es el supuesto jurídico] sean elegibles.
Dichas inhabilitaciones-según subraya el informe- “no son hechas públicas por la Contraloría General, a pesar de que la ley establece que deben ser publicadas en Gaceta Oficial y comunicadas a las personas interesadas”. En varios casos investigados por La Misión, “las personas sometidas a estas inhabilitaciones sólo se enteraron de la prohibición años después de su imposición” [subrayado nuestro].
La Misión identificó “que la práctica de inhabilitar a funcionarios públicos, incluyendo a reconocidos lideres de la oposición, para postularse a cargos públicos ha sido utilizada con mayor frecuencia en los meses previos a los procesos electorales” Al momento de redactarse el informe, tres de las personas que se presentaron a las elecciones primarias por la Plataforma Unitaria de la oposición, Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano, habían sido inhabilitadas para participar en las elecciones presidenciales para 2024.
Restricciones a la creación y el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos.
La Misión tiene motivos razonables para creer “que el Gobierno está́ utilizando el marco normativo existente para limitar las operaciones de las ONG, los sindicatos y los partidos políticos. Regulaciones recientes-asociadas a objetivos legítimos como la lucha contra el terrorismo o contra el blanqueo de dinero-se utilizan para limitar las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil. Señala el informe: “De aprobarse, los proyectos de ley sobre ONG y sobre cooperación internacional, actualmente en trámite en la AN, impondrían a las organizaciones nuevas limitaciones jurídicas y operativas a su funcionamiento, incluyendo en el aspecto clave de la financiación”.
La Misión tiene motivos razonables para creer que el modus operandi de las divisiones y funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas coincide con el de anteriores operaciones de seguridad en las que participaron las FAES…”La Misión recibió́ información sobre la participación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas en las operaciones Trueno, que se llevaron a cabo entre mayo y septiembre de 2022, en cinco Estados del país – Guárico, Anzoátegui, Aragua, Miranda y Yaracuy – y en las que 72 personas fallecieron y al menos 345 fueron detenidas”.
Impensable, inenarrable, inconmensurable lo sucedido en el Centro Penitenciario del Estado Aragua, Tocorón. Bizarro, surrealista, insólito, criminal…Una realidad sólo proporcional a la barbarie criminal y transgresora de un estado fallido.
La Misión-que inició sus labores de determinación de hechos sobre Venezuela y cuyo periodo se ha extendido hasta 2024-, ha documentado hechos, testimonios, incidencias y pruebas suficientes para que los responsables de estos crímenes sean condenados por la C.P.I. Como se sabe, estamos en etapa de investigación ante esta instancia penal internacional, camino a la etapa final de enjuiciamiento y condena. No es retórica, no es diplomacia. Es justicia Penal Internacional. A ella le temen porque ha sido, es y será implacable…Y ahora arde Amazonas. Seguimos documentando. La Mision, un reporte irrebatible…
@ovierablanco
vierablanco@gmail.com
Esta entrada ha sido publicada el septiembre 26, 2023 4:18 pm
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