La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han advertido que, para que los diálogos y acuerdos recientes entre Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática contribuyan a superar la crisis, el Estado debe garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.
La CIDH destaca que, como resultado de estos acuerdos, el gobierno venezolano se ha comprometido a establecer un cronograma y una hoja de ruta para la realización de las elecciones presidenciales del próximo año, garantizando la participación de todos los candidatos sin restricciones arbitrarias, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. También considera positiva la liberación de al menos cinco personas detenidas arbitrariamente.
Sin embargo, la CIDH rechaza la investigación penal recientemente abierta por el Ministerio Público contra el presidente y la vicepresidenta de la Comisión Nacional de la Primaria, Jesús María Casal y Mildred Camero, así como otros integrantes y directivos de Súmate y los presidentes de las juntas regionales de las primarias. Según la CIDH, esta investigación va en contra del espíritu de los acuerdos alcanzados y tiene un efecto desalentador en la participación política.
La investigación del Ministerio Público surge a raíz de señalamientos de un supuesto fraude en las primarias opositoras del 22 de octubre, realizados por el gobernante Nicolás Maduro, la primera dama Cilia Flores, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, y el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez.
La CIDH advierte que los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional y que su respeto es fundamental para los diálogos y la superación de la crisis. También hace un llamado a no criminalizar las iniciativas de participación ciudadana.
Además, la CIDH señala que persisten restricciones arbitrarias a la participación política de los candidatos opositores, persecución penal por motivos políticos, iniciativas legislativas y decisiones judiciales que buscan controlar y limitar las funciones de las organizaciones de la sociedad civil, así como intimidaciones a periodistas e interferencias en los medios de comunicación.
En este contexto, la CIDH alerta que al menos nueve radios han cesado sus transmisiones por órdenes administrativas en varios estados de Venezuela y que en la mayoría de los casos las autoridades argumentaron la falta de permisos necesarios para operar. Además, se han reportado casos de censura en programas informativos y despidos de periodistas que han cubierto temas de interés público.
La CIDH y la RELE subrayan la relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y afirman que su ejercicio libre garantiza la democracia. Instan al Estado venezolano a propiciar las condiciones y mecanismos para que estos derechos puedan ser ejercidos sin discriminación.
