La Academia de Ciencias Políticas y Sociales sostiene que judicializar las primarias constituye una amenaza al orden constitucional.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunicado el pasado lunes 30 de octubre, en el cual desmiente las acusaciones de que la Comisión Nacional de Primarias haya usurpado las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) o haya cometido ilegalidades durante el proceso.

En el comunicado, la Academia señala que «judicializar y criminalizar a los organizadores del proceso, a través de acciones del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia, representa un atentado al orden constitucional y legal, a la democracia misma y a los ciudadanos que participaron cívicamente en dicho proceso».

La Academia resalta que el CNE solo actúa en este tipo de procesos electorales si los organizadores así lo solicitan. Además, explican que el CNE tiene la competencia para organizar elecciones en los términos que establezca la ley y que ejercerá su competencia «cuando así lo soliciten o cuando se ordene por sentencia firme de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia».

En el comunicado también se destaca que la competencia del CNE se limita a proporcionar apoyo técnico y logístico, pero no a celebrar las elecciones. Para que el CNE brinde apoyo, debe ser solicitado por el partido político cuya elección interna se va a realizar o haber sido ordenado por una sentencia firme de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.

Además, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales señala que el CNE nunca manifestó su capacidad para brindar apoyo técnico y logístico hasta varios meses después, cuando quedaban pocos días para el proceso. En el comunicado se menciona que el CNE nunca expresó que la organización de las elecciones primarias fuera de su competencia exclusiva y excluyente.

Finalmente, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales subraya el acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición en el que se garantizan los derechos políticos y electorales para todos. Además, solicita a todos los Poderes Públicos el respeto y la protección a las manifestaciones cívicas y democráticas, así como a los organizadores y actores que las promueven.

Con base en estas consideraciones jurídicas, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales reafirma su defensa de los principios y valores de la democracia, el Estado de derecho y las libertades políticas.