Las protestas contra la minería en Panamá han resultado en un total de 878 arrestos por presuntos delitos de vandalismo y daños a la propiedad, así como más de 39 policías heridos. Entre los detenidos se encuentran 117 menores de edad y 761 adultos, en tan solo nueve días de protestas exigiendo la derogación de un controvertido contrato minero.
Según el informe de la Policía Nacional, hasta el momento se han registrado 39 unidades policiales lesionadas, nueve agresiones físicas, 22 agresiones con objetos contundentes y nueve agresiones con armas de fuego. Además, se han reportado 62 comercios afectados y 48 instituciones gubernamentales dañadas debido a actos de vandalismo.
Las protestas también han afectado la infraestructura de la ciudad, incluyendo oficinas, estaciones de cámaras de seguridad y estaciones del Metro. Se estima que al menos 57 vehículos han sufrido daños, 21 de los cuales son propiedad de instituciones gubernamentales. Todas las personas arrestadas están siendo presentadas ante las autoridades competentes tras los disturbios en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.
Ante esta situación, el sector empresarial y la Iglesia católica han solicitado la intervención de la Corte Suprema de Justicia para revisar los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el acuerdo entre el Estado panameño y la filial canadiense First Quantum Minerals. Los expertos afirman que la única forma de eliminar el contrato sin enfrentar demandas multimillonarias por parte de la empresa minera es que el tribunal considere que el pacto viola la Ley Fundamental del país.
En respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, propuso la realización de una consulta popular el próximo 17 de diciembre para abordar el tema de la mina. Según el presidente, esta consulta permitirá legitimar la voluntad del pueblo y su resultado será de obligatorio cumplimiento.
En resumen, las protestas contra la minería en Panamá han generado una ola de arrestos, heridos y daños a la propiedad. Tanto el sector empresarial como la Iglesia católica han pedido la intervención de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el presidente ha propuesto una consulta popular para abordar el tema de la mina.
Con información de www.todosahora.com
