La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha respaldado las cinco preguntas del referendo consultivo sobre el territorio Esequibo presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En la sentencia 1.469, fechada el 31 de octubre, la Sala declaró la constitucionalidad de las preguntas que se formularán en defensa de la Guayana Esequiba.
Las preguntas del referendo son las siguientes:
1️⃣ ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al Derecho, la línea interpuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
2️⃣ ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
3️⃣ ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
4️⃣ ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?
5️⃣ ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
La Sala Constitucional ha ordenado la publicación de esta sentencia en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial y en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.
Por otro lado, Guyana ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que impida a Venezuela llevar a cabo el referendo consultivo. En respuesta, el gobierno venezolano ha condenado esta petición, alegando que busca deslegitimar la voluntad del pueblo venezolano. Además, han reiterado sus acusaciones de que el gobierno guyanés está respaldado por la petrolera estadounidense ExxonMobil, que busca la explotación de crudo en un territorio que Venezuela reclama como suyo desde el Laudo Arbitral de París de 1899.
