La proximidad de procesos electorales en Venezuela ha demostrado ser un momento de radicalización en las filas del chavismo, especialmente cuando está en juego el ejercicio del poder desde Miraflores, según analistas políticos. Esto se ha evidenciado tanto antes como después de las elecciones, en caso de que los adversarios políticos ganen. La forma en que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado en desacato al Parlamento, anulado elecciones y designado protectores en regiones gobernadas por los adversarios, demuestra claramente esta radicalización.
Carlos Hurtado, excoordinador de Clase Media Socialista, recientemente señaló: «No esperemos que se conviertan en ovejas mansas para el 2024 que está previsto sean las elecciones presidenciales. Si ellos ven que la oposición toma más espacios y se sienten amenazados de perder el poder, serán una manada de lobos salvajes y hambrientos. Siempre he dicho que esta gente del gobierno no son políticos y como tal no respetarán acuerdos y leyes».
A continuación, repasaremos las victorias electorales de la oposición que han llevado a la radicalización del chavismo y lo que se perfila para las elecciones de 2024:
Arrase opositor de 2015
En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición logró consolidar una importante unidad bajo la coordinación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y una sola tarjeta electoral, la «de la manito», con la que obtuvo 112 curules en la Asamblea Nacional (AN) frente a 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Esto significó que la nueva mayoría podía designar o remover autoridades, como los magistrados del TSJ y del Consejo Nacional Electoral (CNE), o promulgar leyes orgánicas. El chavismo comprendió en ese momento que los adversarios podían ganar elecciones después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, ya que la suma nacional de votos de los opositores alcanzó el 56,21 % frente al 40,92 % del oficialismo, con una participación del 74,17 %. A partir de ese momento, el TSJ tomó medidas dirigidas a despojar de sus competencias a la AN mediante sentencias, incluyendo la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en 2017 que sustituyó en la práctica al Parlamento y la invalidación de organizaciones políticas para impedirles postular candidatos ante el CNE. En enero de 2016, la Sala Electoral del TSJ declaró el desacato luego de que la directiva del Parlamento, encabezada por Henry Ramos Allup, juramentara a tres diputados opositores de Amazonas, a pesar de la suspensión de los efectos de los actos electorales en dicho estado ordenada por el máximo tribunal. A partir de ese momento, el TSJ declaró nulos todos los actos del Parlamento desde su instalación y los futuros, mientras persistiera la incorporación de los diputados indígenas. En 2017, el TSJ dio un golpe a la AN con las sentencias 155 y 156, en las que se declaró que «mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la AN, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho». Estas decisiones fueron revertidas luego de que se denunciara la ruptura del orden constitucional, incluso por parte de la entonces fiscal Luisa Ortega Díaz, en medio de masivas protestas ciudadanas en todo el país contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, en la práctica, la AN siguió sin poder ejercer su labor debido al desacato hasta el último día de su gestión (2015-2020) y la elección de un Parlamento con mayoría chavista en 2020.
Protectorados para 2017
En las elecciones regionales de 2017, la oposición anti-chavista ganó las gobernaciones de Anzoátegui, Táchira, Zulia, Mérida y Nueva Esparta. Sin embargo, al gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, no se le permitió asumir el cargo debido a que se negó a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla ilegítima. En respuesta, se repitieron las elecciones en el estado y Omar Prieto, del Psuv, resultó ganador. Además, el gobierno designó «protectores» en los estados ganados por la oposición, quienes eran una suerte de gobernadores «paralelos» a los que se les destinaban recursos para llevar a cabo obras. Así, Jehyson Guzmán fue nombrado «protector» de Mérida, Carlos Mata Figueroa de Nueva Esparta, Aristóbulo Istúriz de Anzoátegui y Freddy Bernal del Táchira.
Razzia contra partidos políticos
En 2018, varios partidos políticos de oposición, como La Causa R, Gente Emergente, Proyecto Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Primero Justicia (PJ), Puente y Voluntad Popular (VP), no estaban habilitados para inscribir candidatos presidenciales ante el CNE. De las 67 organizaciones políticas que existían hasta diciembre de 2015, solo quedaban 17 (12 progobierno y 5 de oposición) para febrero de 2018, tres meses antes de las elecciones presidenciales en las que Maduro fue reelegido. Esto se debió a sentencias del TSJ que les exigieron procesos de validación con obstáculos como la falta de tiempo. Candidatos con posibilidades de derrotar a Maduro, como Henrique Capriles, fueron inhabilitados. Capriles, exgobernador de Miranda, fue inhabilitado por 15 años a partir de 2017. También se inhabilitó a Leopoldo López desde 2008 y a Manuel Rosales por 7 años desde 2015, entre otros. La oposición decidió no participar en las elecciones debido a la falta de garantías democráticas. El único candidato que se inscribió fue Henri Falcón, exgobernador de Lara, quien obtuvo 1.927.958 votos frente a los 6.248.864 que el CNE adjudicó a Maduro. Ni la MUD ni gran parte de la comunidad internacional reconocieron la reelección de Maduro, lo que llevó a la imposición de sanciones internacionales y a la conformación de una presidencia encargada liderada por Juan Guaidó, según la decisión de la AN de 2015. Esta estrategia de intervención en los partidos políticos
