Lauren Caballero afirma que el gobierno podría utilizar un referendo como excusa para abandonar el juicio en la CIJ sobre el Esequibo.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha convocado a Guyana y Venezuela para audiencias que se llevarán a cabo el 14 y 15 de noviembre. Estas audiencias tratarán sobre la solicitud del gobierno de Irfaan Ali para abordar el tema del referendo consultivo sobre el Esequibo, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano ha fijado para el 3 de diciembre.

El internacionalista Lauren Caballero ha señalado que no espera que la CIJ decida que el referendo no se puede realizar, ya que es una figura de derecho interno contemplada en la Constitución de Venezuela. Sin embargo, sí se espera algún pronunciamiento sobre las preguntas 3 y 5 de la consulta, que han sido objetadas por Guyana.

La pregunta número 3 plantea el desconocimiento de la jurisdicción de la CIJ por parte de Venezuela para resolver la controversia territorial sobre el Esequibo. Mientras tanto, la pregunta 5 busca la aprobación de la creación del estado Guayana Esequiba, que incluye planes de atención a la población en ese territorio, así como otorgar nacionalidad y cédula de identidad.

Sin embargo, Caballero ha alertado que el gobierno venezolano está tratando de evadir su responsabilidad en una eventual pérdida del Esequibo al trasladarla a los electores que respondan «sí» a las preguntas de la consulta. Según él, el objetivo real de este referendo es dejarle la responsabilidad de lo que ocurra con el Esequibo a los ciudadanos, pero la verdadera batalla se libra en el ámbito jurídico.

El experto ha dejado claro que Venezuela ya ha reconocido la competencia de la CIJ al apoyar el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece la vía jurídica a través de la CIJ como medio para resolver la controversia territorial. Además, Venezuela ha designado a un equipo que representa los intereses del país en el juicio actual.

Sin embargo, Caballero ha responsabilizado al gobierno de Nicolás Maduro por permitir que la controversia llegue a la CIJ al no comparecer en las audiencias en las que se decidiría si la Corte es competente para conocer el diferendo y pronunciarse sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899.

Si Venezuela abandona el proceso en la CIJ, corre el riesgo de perder el Esequibo de manera definitiva, ya que la contraparte puede solicitar una decisión favorable a sus intereses si una de las partes no se presenta. Además, no habrá derecho a apelar la sentencia.

El internacionalista ha destacado la imparcialidad de la CIJ en fallos anteriores, como el caso de Irán contra Estados Unidos y el caso de Nicaragua contra EE. UU. Estos ejemplos demuestran que la CIJ no está controlada por las trasnacionales, como afirma el chavismo.

En cuanto al riesgo de una vía de fuerza, Caballero no espera que la representación de Venezuela asista a la audiencia en la CIJ, lo que fortalece la estrategia de Guyana y puede ser perjudicial para Venezuela en el caso. También ha descartado la posibilidad de que se recurra a la vía militar, ya que esto sería contraproducente y podría señalar a Venezuela como un estado agresor.

En relación a la creación del estado Guayana Esequiba, Caballero ha advertido que sería una medida ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, ya que el diferendo territorial no se ha resuelto. Sin embargo, ha señalado que este estado sería simbólico, ya que Venezuela no tiene control sobre ese territorio.

En conclusión, Caballero ha instado al gobierno y a la oposición a conformar un frente nacional por la defensa del Esequibo en el ámbito jurídico. Además, ha enfatizado la importancia de informar a la ciudadanía sobre las posibles repercusiones del referendo consultivo en la disputa territorial.