El Gobierno de Maduro acusa a la UE de descalificarse para intervenir en los asuntos políticos de Venezuela

El Gobierno de Nicolás Maduro ha expresado su rechazo a las nuevas medidas adoptadas por la Unión Europea (UE) contra funcionarios venezolanos, considerándolas como «dañinas y denigrantes». En respuesta a estas acciones, el Gobierno chavista ha afirmado que la UE se «inhabilita» para participar en procesos políticos en Venezuela, incluyendo la observación de las próximas elecciones presidenciales.

El Gobierno chavista ha calificado estas medidas como parte de una política injerencista por parte de la UE, ya que implica la extensión de sanciones contra 54 altos funcionarios y un embargo de armas y material de represión interna hasta mayo de 2024. Estas medidas incluyen la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos para los afectados, pero no afectan a empresas estatales ni a bienes comunes del país.

En un comunicado, el Ejecutivo chavista ha manifestado su rechazo a la «arrogante e ilícita decisión de la UE», argumentando que viola los principios constitucionales y las normas de la Carta de las Naciones Unidas. Además, considera que estas restricciones afectan la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los Estados, instando a los países de la UE a evitar prácticas colonialistas y promover la cooperación para hacer frente a los desafíos comunes.

La UE ha extendido «excepcionalmente» sus sanciones por seis meses en lugar de un año, como es habitual, tras valorar el acuerdo entre el chavismo y la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 como un «paso positivo y necesario». Además, la UE ha dejado claro que está dispuesta a considerar la flexibilización o revocación de estas medidas en función de la evolución de la situación y la aplicación del acuerdo político.

Entre los afectados por estas sanciones se encuentra la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en La Haya, Suiza, para atender una citación relacionada con el caso Esequibo. Estas sanciones fueron impuestas en noviembre de 2017 como respuesta al deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, con el objetivo de fomentar soluciones democráticas y estabilidad política en el país.

En resumen, el Gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado las medidas adoptadas por la UE contra funcionarios venezolanos, considerándolas como «dañinas y denigrantes». El Gobierno chavista ha acusado a la UE de llevar a cabo una política injerencista y ha afirmado que esto les inhabilita para participar en procesos políticos en Venezuela. Por su parte, la UE ha extendido sus sanciones por seis meses y ha expresado su disposición a considerar la flexibilización o revocación de estas medidas en función de la evolución de la situación en el país.