La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ha anunciado que la representación de Venezuela acudirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para participar en la audiencia que abordará el tema del referendo sobre el Esequibo. Rodríguez ya se encuentra en La Haya para este evento.
La CIJ ha citado a Guyana y a Venezuela para el martes 14 y miércoles 15 de noviembre, respectivamente. A la representación venezolana le corresponderá responder a las objeciones del gobierno guyanés sobre la realización del referendo consultivo programado para el 3 de diciembre.
¿Qué se espera de estas audiencias? ¿Puede Guyana impedir el referendo o modificar las preguntas? Expertos consultados ven poco probable que la Corte ordene a Venezuela no realizar la consulta popular, ya que está contemplada en la Constitución venezolana.
Según Mariano de Alba, abogado experto en Derecho Internacional, la audiencia se centrará en la solicitud de medidas provisionales por parte de Guyana. Guyana está pidiendo a la CIJ que ordene a Venezuela no celebrar el referendo o que excluya las preguntas uno, tres y cinco.
Los argumentos de Venezuela girarán en torno a su derecho soberano de consultar a la población sobre un tema de gran trascendencia nacional, según lo establecido en el artículo 71 de la Constitución. Además, se argumentará que el derecho internacional no prohíbe la realización de referendos consultivos y que la consulta en sí no causará ningún perjuicio irreparable a Guyana.
La preocupación de Guyana radica en que Venezuela pueda tomar medidas que compliquen el reclamo territorial si el referendo es afirmativo en la pregunta tres (retiro de Venezuela de la CIJ) y en la pregunta cinco (intentar tomar el control del territorio con la creación de un estado). Los jueces de la CIJ podrían hacer preguntas específicas sobre la intención del referendo y las respuestas de Venezuela podrían reducir el margen de acción una vez celebrado el referendo.
La CIJ podría solicitar a Venezuela abstenerse de realizar actos que afecten la implementación de una futura decisión definitiva o rechazar completamente la solicitud de Guyana. Sin embargo, es poco probable que la Corte ordene a Venezuela cambiar la redacción de algunas preguntas, ya que respeta la soberanía de los Estados.
Joaquín Ortega, politólogo, señala que incluso si la Corte se pronuncia sobre ajustar o suspender el referendo, Venezuela hará caso omiso en virtud de su soberanía. Por lo tanto, queda por ver si la CIJ lo considerará como desacato, provocación o si impondrá algún tipo de sanción.
La estrategia del gobierno de Maduro al acudir a las citaciones de la CIJ a pesar de no reconocerla es politizar el tema del Esequibo. El referendo consultivo está diseñado para convertirse en una herramienta propagandística con el objetivo de minar la credibilidad de la Corte tanto a nivel nacional como internacional.