San Miguel opina que el fallo de la CIJ es un retroceso para Venezuela.

La decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el pasado viernes 1 de diciembre ha sido considerada como un revés para Venezuela, según la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.

Los magistrados del tribunal de Naciones Unidas emitieron de forma unánime una solicitud al gobierno de Nicolás Maduro para que se abstenga de tomar cualquier acción que modifique la situación actual en el territorio en disputa, a la espera de una decisión final sobre el caso. Además, expresaron su preocupación por el referendo consultivo no vinculante que se llevaría a cabo el domingo 3 de diciembre, ya que consideran que existe un riesgo de perjuicio irreparable al derecho reclamado por Guyana en el presente procedimiento.

San Miguel, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que este fallo pone de relieve que la estrategia de defensa del Territorio Esequibo ante la CIJ ha sido errática y cuestionó las imprecisiones de la Corte. En particular, señaló que cuando los magistrados reconocen que Guyana administra la zona en reclamación, contradicen su propia sentencia por la que se declaran competentes para determinar la validez o no del Laudo de París de 1899.

Además, la abogada cuestionó este apartado del fallo porque considera que permitirá a Guyana continuar explotando recursos minerales sobre el Esequibo. Según San Miguel, esto es grave, ya que anticipa que la explotación de recursos naturales por parte de Guyana y su presencia militar junto a la de sus aliados en el Territorio Esequibo continuarán.

Guyana solicitó a la CIJ medidas cautelares que impidieran la realización de la consulta popular del 3 de diciembre, argumentando que Venezuela pretende anexionarse la zona. Aunque los jueces no impidieron la celebración de la consulta, expresaron su preocupación por la pregunta 5 que contempla la creación del estado Guayana Esequiba.

San Miguel criticó las imprecisiones emitidas por la CIJ sobre el fondo del asunto y considera que Venezuela debió haber solicitado medidas cautelares desde el momento en que la Corte declaró su competencia para conocer del caso, para que cesara la explotación de recursos por parte de Guyana en el Territorio Esequibo.

En resumen, este fallo de la CIJ ha sido recibido como un revés para Venezuela, ya que pone de manifiesto la estrategia errática de defensa del Territorio Esequibo y permite a Guyana continuar explotando recursos minerales en la zona en disputa.