Las instituciones y organizaciones migrantes y pro migrantes firmantes adhieren a esta carta dirigida al Presidente Gabriel Boric Font , Autoridades de Gobierno y Parlamentarios/as, en respuesta al anuncio de expulsión de personas migrantes en condición de irregularidad migratoria (que no han cometido delito)
Esta es la Carta que Organizaciones e Instituciones Pro Migrantes entregaremos @GabrielBoric #6D.
Las instituciones y organizaciones migrantes y pro migrantes firmantes adhieren a esta carta dirigida al Presidente Gabriel Boric Font , Autoridades de Gobierno y Parlamentarios/as, en respuesta al anuncio de expulsión de personas migrantes en condición de irregularidad migratoria (que no han cometido delito).
El evidente recrudecimiento del discurso discriminatorio hacia las comunidades migrantes desde instituciones estatales y la necesidad de avanzar en la regularización migratoria.
Santiago, 4 de diciembre del 2023
S.E
Sr. Gabriel Boric Font
Presidente de la República de Chile
Presente
Distinguido Presidente:
En los últimos días le hemos escuchado asegurar que su gobierno expulsará de Chile a las personas migrantes en condición de irregularidad migratoria y que para ello intensificarán las expulsiones, tanto judiciales como administrativas, como una forma de revertir la “crisis de inseguridad” que está viviendo el país. Estas declaraciones son el colofón de muchas otras que durante meses han emitido distintas autoridades de gobierno, así como varios/as parlamentarios/as, para luego ser reproducidas con persistencia por importantes medios de comunicación masiva.
Respecto de esto venimos a expresar nuestra máxima preocupación y repudio a la política de expulsión de personas en situación migratoria irregular que no han cometido delito alguno, y cuya falta o infracción a la ley migratoria ha sido ingresar al país por paso no habilitado.
Si bien entendemos y compartimos la importancia de cautelar la seguridad, bien fundamental para toda sociedad, no es sostenible que se siga atribuyendo a la migración la responsabilidad sobre las problemáticas en este sentido, especialmente cuando estos dichos no se sustentan técnicamente. Como indican estadísticas del Ministerio Público, entre el 2022 y 2023, menos del 10% de las personas formalizadas por delitos corresponden a población migrante y aunque ha aumentado la gravedad de los delitos cometidos, también se sabe que muchos de ellos son perpetrados tanto por migrantes como por nacionales. Todo parecería indicar que el crimen organizado cada vez afianza más su carácter transfronterizo y no es atribuible a una nacionalidad en particular. Por ello, sindicar a la generalidad de personas migrantes en condición de irregularidad como responsables de la criminalidad y delincuencia es injusto e incorrecto, e insistir en su expulsión tampoco resolverá el problema de fondo que se quiere atacar con dichas medidas.
Por lo demás, consideramos que ética, jurídica, política y humanamente resulta reprochable, tomando en consideración las razones y condiciones que caracterizan a la mayor parte de las personas desplazadas que se encuentran de manera irregular hoy en el país. Se sabe que, en la mayor parte de los casos, llegaron fundamentalmente en pandemia, cuando las fronteras se encontraban cerradas y los consulados chilenos no atendían, haciendo imposible el ingreso regular al país. Vinieron en búsqueda de la reunificación familiar y/o para lograr hacer frente a condiciones políticas, económicas y sociales tremendamente complejas, intensificadas por el impacto del COVID- 19, en diversos ámbitos, incluyendo la sostenibilidad de la vida, acceso a alimentos, medicamentos, entre otros insumos fundamentales. Una parte no menor de quienes han llegado al país de esa manera lo han hecho incluso con sus hijos e hijas menores de edad, con la expectativa de acceder a un empleo, a mejor calidad de vida y un futuro próspero.
Respecto de esta situación importantes organismos internacionales se han pronunciado indicando la necesidad de que los Estados reconozcan el carácter forzoso de esta migración y actúen en consecuencia, fortaleciendo las medidas de resguardo, especialmente de la población migrante más vulnerable como son niños y niñas, así como el diálogo regional imprescindible para avanzar en esta materia. Todas estas acciones, por supuesto, deben ser implementadas a la luz de la normativa internacional a la cual han adscrito los Estados, cuyo objetivo fundamental es garantizar los derechos humanos de las personas en contextos de movilidad humana.
Hace unos días todo el país celebraba el triunfo del destacado atleta Santiago Ford, quien justamente llegó a Chile desde Cuba ingresando por paso no habilitado, pues le fue imposible hacerlo por la vía regular. Gracias a su fuerza y al apoyo de personas e instituciones claves él pudo lograr su nacionalización por gracia y representar al país de manera extraordinaria en los celebrados Juegos Panamericanos. Santiago es un claro ejemplo de la calidad de personas que han llegado al país de manera irregular, impedidas de hacerlo regularmente por las barreras administrativas y legislativas. Personas como él, podrían verse afectadas por decisiones tan arbitrarias como la expulsión, impactando gravemente en sus vidas y provocando que el país pierda significativos aportes en materia del desarrollo humano, productivo, social, cultural y deportivo.
Como organizaciones e instituciones migrantes y pro migrantes hacemos un llamado para que se aborde este tema con la complejidad que reviste, desde un enfoque de derechos, de empatía y justicia, basándose en la evidencia y no en prácticas discursivas populistas que no conducirán a nada bueno para la sociedad ni para las personas afectadas.
Se requiere hoy un rol clave desde la política que logre distinguir con claridad a quienes, siendo migrantes, han cometido delitos y a quienes no, para establecer un relato y adoptar medidas diferenciadas. Quienes se encuentran hoy de manera irregular y no tengan antecedentes penales, deben tener la posibilidad de regularizarse y desarrollar una vida digna en Chile, de manera de contribuir al país y ser reconocidos por ello. Vale mencionar en este sentido que los últimos gobiernos (Presidenta Michelle Bachelet y Presidente Sebastián Piñera) se implementaron planes de regularización extraordinaria, así como también lo han hecho recientemente varios países de la región.
En este marco es fundamental que el proceso de empadronamiento biométrico se haga efectivamente de manera informada, correcta y expedita, dando garantías de seguridad para aquellas personas que no han cometido delitos, pues se ha ido instalando el temor a la detención y expulsión en las comunidades. El empadronamiento, sumado al arraigo en el territorio, debería entonces ser conducente a la regularización migratoria, dando prioridad a los casos que presentan mayor urgencia, como es el caso de padres y madres de NNA menores de edad, por mencionar un ejemplo.
Sr. Presidente, como le manifestamos en una misiva anterior, no puede continuar ocurriendo lo que hace poco más de un mes le ocurrió a la Sra. Ana Paredes, dominicana, sin antecedentes penales que fue a empadronarse se manera voluntaria y terminó siendo deportada junto a su hijo de 10 años, quien vivía en Chile desde sus 4 años de edad, asistía a la escuela, a su academia de fútbol y había construido una hermosa red de amigos/as. Lamentablemente no es el único caso en el que incluso terminan niños y niñas que han crecido en Chile abandonando el país de una manera tan impactante, en términos negativos, para su desarrollo y su vida.
También resulta fundamental que se revisen los procedimientos para que todas las personas que lo ameritan puedan efectivamente solicitar refugio y obtengan una adecuada respuesta. Igualmente, esta revisión debería hacerse en relación a los mecanismos para entrar de manera regular al país y modificar el estatus migratorio ya estando dentro, de manera de favorecer la obtención de visados y residencia, especialmente en lo concerniente a visas humanitarias, pero también a quienes tienen vínculos familiares, posibilidades de empleo, entre otros factores a considerar.
Así también se requiere resolver la situación de niños, niñas y adolescentes que han ingresado por paso no habilitado, ya que si bien en la actualidad están en general pudiendo acceder a la residencia temporal se enfrentan a la problemática que sus padres, madres o tutores sigan en condición de irregularidad, condenándolos indirectamente a la precariedad y el miedo, imposibilitados incluso de acceder al Registro Social de Hogares. Tampoco sabemos cómo se resolverá la situación de estos NNA cuando cumplan su mayoría de edad, ya que hasta ahora lo que se le entrega es la posibilidad de residencia temporal renovable.
Por todo lo anterior, queremos insistir en la necesidad que el Estado y sus autoridades transversalmente se comprometan con un trato digno a las personas migrantes y refugiadas, ajustado a derecho, desde un enfoque inclusivo, de derechos humanos, intercultural y de género. Desde esa mirada, garantizar el combate a la xenofobia, al racismo y la discriminación, incluyendo la simbólica que se instala en los discursos y la ejercida por funcionarios/as de reparticiones públicas. Se debe propiciar el diálogo, basado en la normativa internacional, que contribuya a la construcción de una comunidad diversa y respetuosa, asumiendo que la migración es parte de la vida humana y ha sido fundamentalmente, a lo largo de los siglos, un motor de desarrollo para las personas y las sociedades.
Antes de concluir esta misiva queremos recordar que Chile ha sido durante su historia “asilo contra la opresión” y que por décadas recibió a miles de migrantes que llegaron desde distintas partes del mundo producto, en la mayor parte de los casos, de situaciones que hacían muy difícil sostener la vida y la esperanza, dentro los cuales estuvo seguramente su propia familia croata. Esas familias migrantes contribuyeron en diversos e importantes ámbitos a construir el país que hoy conocemos y merecen que el Estado les reconozca, a través de una retórica justa en relación a la movilidad humana.
Por último, no queremos dejar de recordar que fuera de Chile viven cerca de un millón de chilenos y chilenas, que debieron irse por las mismas razones que hoy llegan otros/as a vivir al país. Las crisis económicas y políticas fueron un motivo por el cual muchos salieron como migrantes o refugiados, para encontrar la calidez del abrazo solidario en países como Venezuela. Bien vale continuar recordando el valor de la solidaridad internacional y la gratitud, aún en tiempos difíciles, en los que avanzan los discursos de odio. En la capacidad de sostener valores fundamentales para el ser humano es donde se ha puesto a prueba la talla de los grandes líderes y lideresas a lo largo de la Historia.
Agradeciendo su gentil atención a la presente, se despiden
Organizaciones e Instituciones Migrantes y Pro Migrantes
Esta entrada ha sido publicada el diciembre 5, 2023 2:15 pm
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