El exalcalde Daniel Ceballos solicita al TSJ revisión de su inhabilitación política

El exalcalde Daniel Ceballos presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar la inhabilitación que le impide participar en elecciones. Esta solicitud se produce después de que el Gobierno y la oposición acordaran un mecanismo para resolver este tipo de casos en futuros comicios.

Ceballos recordó que en 2021 el Consejo Nacional Electoral (CNE) no le permitió presentarse en las elecciones regionales debido a una inhabilitación impuesta por la Contraloría, sin especificar su duración.

«Creo que es hora de pasar la página. Venezuela necesita que los políticos asuman su responsabilidad y lo hagan pensando en el presente y en el futuro», dijo Ceballos ante los periodistas. El exalcalde de San Cristóbal, estado Táchira, se identifica como militante del partido Voluntad Popular, a pesar de que la formación afirma que fue excluido por ser un «mandadero» del Gobierno.

Ceballos estuvo cuatro años y medio en prisión por permitir protestas antigubernamentales con barricadas en su localidad en 2014, cuando las manifestaciones fueron reprimidas en todo el país, con un saldo de 43 fallecidos.

El exalcalde se une al periodista Leocenis García, líder del partido Prociudadanos, quien la semana pasada se convirtió en el primer opositor en acudir al TSJ para aprovechar este mecanismo de revisión de inhabilitaciones acordado entre el Ejecutivo y la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El pasado 30 de noviembre, Noruega, mediador en las negociaciones venezolanas, informó sobre un procedimiento establecido por el TSJ para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones políticas a opositores. Este mecanismo se activó el 1 de diciembre y estará disponible hasta este viernes.

María Corina Machado, candidata presidencial de la PUD y también inhabilitada hasta 2030, considera que este proceso impone restricciones a las libertades que son inaceptables, como la prohibición de criticar a las instituciones del Estado y la obligación de acatar las decisiones del TSJ. Por esta razón, Machado se inclina a no solicitar la revisión de su inhabilitación, aunque no descarta cambiar de posición en el futuro.