Plazo límite hasta el 15 de diciembre para que los políticos apelen las inhabilitaciones

Este viernes 15 de diciembre vence el plazo para que los políticos recurran sus inhabilitaciones ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como acordaron el chavismo y la plataforma unitaria de democrática el pasado 30 de noviembre.

En esta última fecha, el Reino de Noruega, que sirve de mediador en el diálogo que las partes mantienen desde 2021, publicó un documento denominado «procedimiento para la revisión de medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República».

Este documento de cuatro puntos contempla que cada persona con inhabilitaciones debe acudir de forma individual a la Sala Político Administrativa del TSJ para ejercer un recurso contencioso administrativo y medida cautelar, como lo hizo el ahora gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales.

Quienes acudan deben abstenerse de atacar al TSJ y a las demás instituciones del Estado, además de aceptar la decisión que tomen los magistrados de esta Sala, que la componen Malaquías Gil Rodríguez, Bárbara Gabriela César Siero y Juan Carlos Hidalgo Pandares. Cabe destacar que Hidalgo Pandares es militar de carrera y entre los años 2009 y 2014 se desempeñó como Fiscal General Militar del país.

El mecanismo para recurrir las inhabilitaciones contempla en su punto cuatro las siguientes obligaciones para quienes acudan al TSJ:

a) Respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

b) Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

c) Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que emane de este recurso.

d) Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.

En la oposición hay voces encontradas. Mientras que el dos veces candidato presidencial y exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, sugirió cumplir con este procedimiento, otros como Freddy Superlano dijeron que no acudirían si María Corina Machado, candidata presidencial de la plataforma unitaria, no lo hacía.

Este jueves, 14 de diciembre, la líder opositora dijo que no irá al TSJ porque a ella la Contraloría General de la República no le notificó de una inhabilitación que dieron a conocer a finales de junio por petición del diputado disidente opositor, José Brito.

“¿Acudir al TSJ mañana? Los lapsos legales los establece la ley; no el régimen. Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente pueda haber un lapso corriendo”, afirmó Machado en una entrevista en VPI TV antes de participar en un acto de apoyo a su candidatura del partido Primero Justicia.

Previamente, Machado aseguró en una rueda de prensa, el 6 de diciembre, que contra ella no había inhabilitación.

“El documento que ha propuesto el régimen lejos de allanar una vía, la hace más compleja. Plantea restricciones a libertades ciudadanas. Todos ustedes lo saben: yo no he cometido delito alguno, falta alguna. Acá no hay un acto de la Contraloría“, afirmó desde la sede nacional de su partido.

Hasta el momento, solo se conoce que han acudido al TSJ los políticos Leocenis García, de Prociudadanos, y el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, quien fue miembro de Voluntad Popular y ahora tiene un movimiento político propio.

El mecanismo se aprobó como parte del desarrollo del acuerdo sobre garantías políticas y electorales, que el chavismo y la plataforma unitaria democrática firmaron en Barbados el pasado 17 de octubre.

No obstante, expertos constitucionales y analistas políticos lo consideraron como un arma de doble filo. Entre otros aspectos, porque obliga a los candidatos o dirigentes a reconocer las inhabilitaciones como válidas, pese a no estar amparadas en una sentencia firme de algún tribunal de la República o exponerse a que el TSJ las ratifique y quedar con ello fuera de la carrera presidencial.