Análisis de las implicaciones del recurso presentado por María Corina Machado luego de la respuesta de la Contraloría al TSJ

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció que recibió los antecedentes administrativos del caso de la inhabilitación de María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela. La Contraloría General de la República (CGR) envió la información solicitada el pasado 21 de diciembre, ratificando así la medida contra Machado. El TSJ dio un plazo de tres días a la CGR para entregar los documentos, y estos fueron enviados dos días después. Sin embargo, el tribunal no hizo público el anuncio hasta el 25 de diciembre.

Ahora, solo falta que la Sala Político Administrativa del TSJ decida sobre la demanda con acción de amparo cautelar presentada por Machado el 15 de diciembre. Según el abogado constitucionalista Nelson Chitty La Roche, el proceso ha sido más rápido de lo esperado, aunque el TSJ debería decidir de manera expedita sobre el amparo para proteger los derechos constitucionales de Machado.

Por otro lado, la Sala Político Administrativa del TSJ anunció que no habrá despacho del 26 al 28 de diciembre ni del 2 al 4 de enero de 2024, lo que indica que es poco probable que se emita un fallo en los próximos días. Esto fue criticado por Perkins Rocha, abogado y asesor legal del equipo de Machado, quien anunció que acudiría a la sede del TSJ para constatarlo.

Surgen preguntas sobre qué exactamente entregó la CGR al TSJ, ya que Machado afirmó que no existe una inhabilitación en su contra por 15 años. Algunos juristas, como Juan Manuel Raffalli, advierten que el TSJ cometería un error si solo toma como prueba la respuesta de la CGR a una solicitud de información realizada en junio por el diputado José Brito. La petición de Brito llevó a la CGR a anunciar la nueva medida contra Machado, ya que la inhabilitación impuesta en 2014 solo era por un año.

Según el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, el TSJ debería conceder el amparo a Machado, ya que no fue notificada del procedimiento en su contra, lo que le impidió tener acceso al expediente y defenderse adecuadamente. Además, Hernández sostiene que el TSJ debería prohibir a la CGR dictar cualquier decisión basada en una inhabilitación que Machado considera inexistente.

De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la defensa y asistencia jurídica, a ser notificada de los cargos en su contra y a acceder a las pruebas para ejercer su defensa. Hernández también menciona que el TSJ debería admitir la demanda de Machado y garantizar que se respeten sus derechos constitucionales.

El proceso tiene implicaciones tanto jurídicas como políticas. Machado no solicitó una apelación o reconsideración de la medida en su contra ante el TSJ, ya que considera que no existe una sentencia judicial firme que le impida ejercer un cargo público. En cambio, presentó una reclamación contra la vía de hecho de la CGR, que según el abogado Perkins Rocha, afecta sus derechos políticos y le impide asumir el mandato otorgado por los venezolanos el 22 de octubre como candidata presidencial.

En medio de esto, se están llevando a cabo negociaciones y mediaciones para cumplir los acuerdos de Barbados, con la participación de Noruega y Estados Unidos. Estados Unidos defiende la habilitación de Machado y había dado un plazo hasta el 30 de noviembre para encontrar un mecanismo que permitiera revertir las inhabilitaciones políticas. El exalcalde Daniel Ceballos y el dirigente Leocenis García también han acudido al TSJ.

Esperamos que el TSJ tome una decisión próximamente. Para Maduro, podría ser menos costoso no decidir en contra de Machado, por lo que existe la posibilidad de que no se emita una decisión por ahora, según Hernández.