El Parlamento intenta intimidar a la sociedad civil al aprobar una ley contra las ONG, según defensores de los derechos humanos.

A partir de este viernes 12 de enero, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 iniciará la consulta pública de la ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, dio la orden durante la sesión ordinaria. Sin embargo, esta ley ha sido rechazada por las ONG venezolanas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a la labor humanitaria, ya que consideran que atenta contra la libre asociación prevista en la Constitución y restringe el espacio cívico. A pesar de haber sido aprobada en primera discusión el 24 de enero de 2023, se mantuvo «congelada» hasta ahora. La ley se retoma en un momento crucial, ya que se están llevando a cabo negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro, así como con la oposición, con Noruega como mediador. Además, este año se deben celebrar elecciones presidenciales.

¿Cuál es el objetivo político de la Asamblea Nacional al aprobar esta ley? Defensores de derechos humanos consultados por Efecto Cocuyo alertaron que el objetivo es fragmentar y amedrentar a la sociedad civil que no comparte las políticas oficiales y silenciar la denuncia de violaciones de derechos humanos y la demanda de soluciones a los problemas del país en un año electoral. Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, señaló que el gobierno le teme a la sociedad civil organizada, ya que su acción busca fragmentarla para inhibir la participación, la denuncia y la movilización. Según San Miguel, el gobierno teme que la sociedad civil muestre los problemas sociales del país, lo cual perjudicaría la imagen del presidente Nicolás Maduro en un año electoral. Además, subrayó que el gobierno no ha sido capaz de atender las demandas sociales ni mejorar las condiciones de vida de la población, lo cual representa un peligro para su proyecto político.

Uno de los artículos más polémicos del proyecto de ley es el artículo 15, el cual establece los supuestos en los que un juez puede ordenar la disolución definitiva de una ONG mediante una sentencia firme. Estos supuestos incluyen recibir fondos destinados a organizaciones con fines políticos, realizar actividades políticas y promover o permitir acciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República. Alí Daniels, directivo de la ONG Acceso a la Justicia, coincidió en que esta ley es una estrategia electoral para minimizar las voces disidentes que denunciarán los problemas del país. Daniels afirmó que el gobierno quiere silenciar y amedrentar a estas voces, y que esta ley prohibirá el derecho a la libre asociación en un proceso electoral que se prevé no transparente.

La ley, tal como fue planteada en primera discusión, viola el artículo 52 constitucional sobre la libre asociación con fines lícitos y pone en peligro el tejido social construido durante años. Además, exige a las ONG una serie de requisitos legales para funcionar, los cuales son otorgados por el gobierno, lo que las dejaría bajo su control absoluto. Más de 120 ONG venezolanas han denunciado que esta ley pone en riesgo la ayuda humanitaria en el país, ya que los organismos de seguridad pueden poner obstáculos basados en la normativa para la entrega de donaciones en todo el país.

Al finalizar la sesión ordinaria, Jorge Rodríguez destacó que es deber de la AN consultar con los venezolanos y las organizaciones involucradas en los alcances de la ley. Sin embargo, las ONG han expresado su preocupación por la falta de distribución oficial del texto completo de la normativa, el cual no ha sido publicado en la página web del Parlamento. Rocío San Miguel resaltó la importancia de que se distribuya oficialmente el contenido de la ley y pidió que se convoque a todas las ONG, no solo a las organizaciones afines al gobierno. Alí Daniels también instó a que se incluyan a las facultades de Derecho de las universidades, la Iglesia y las comunidades en la consulta. Ambos coinciden en que se necesita una consulta transparente que recoja las observaciones de la sociedad civil y que no estigmatice ni exponga a las ONG al escarnio público.

Las ONG advierten que, aunque se apruebe la ley, no podrán acabar con los defensores de derechos humanos, ya que estos nacen de una situación de violación de sus derechos fundamentales. A pesar de los obstáculos que puedan surgir, los defensores de derechos humanos seguirán luchando por sus causas.

En resumen, la Asamblea Nacional de 2020 iniciará la consulta pública de la ley para la fiscalización y regulación de las ONG. Sin embargo, esta ley ha sido rechazada por las ONG venezolanas, ya que consideran que atenta contra la libre asociación prevista en la Constitución y restringe el espacio cívico. Defensores de derechos humanos alertan que el objetivo de esta ley es fragmentar y amedrentar a la sociedad civil que no comparte las políticas oficiales y silenciar la denuncia de violaciones de derechos humanos. Los artículos más polémicos de la ley permiten la disolución definitiva de una ONG y ponen en peligro el tejido social construido durante años. Las ONG exigen una consulta transparente que incluya a todas las organizaciones y recoja las observaciones de la sociedad civil. A pesar de los obstáculos, los defensores de derechos humanos continuarán luchando por sus causas.