Grupos armados dominan el proceso electoral en la frontera entre Colombia y Venezuela

Armenio Castro, exintegrante de las FARC, revela los métodos utilizados por la guerrilla para intimidar a los políticos en las regiones de Bolívar y Ureña. También se valieron del sistema de alimentos subsidiados para coaccionar a los votantes. Castro, quien vivió 20 años como miembro de este grupo armado, cuenta con cicatrices y callos en sus manos debido al trabajo en el campo. Su mirada refleja una paranoia convertida en un tic en su ojo izquierdo, resultado de su experiencia en las fuerzas rebeldes. A pesar de su delgadez, se muestra fuerte y decidido. Aunque se niega rotundamente a unirse nuevamente a los grupos guerrilleros, reconoce el impacto que tuvieron en la frontera colombo-venezolana desde 1999 hasta 2015, cuando se cerró el paso regular entre ambos países.

La frontera entre Colombia y Venezuela, que abarca 2219 kilómetros, es la más activa de Latinoamérica debido a la constante movilización de migrantes y al desarrollo binacional. Esto la convierte en un objetivo atractivo para los grupos armados colombianos y bandas criminales que buscan controlar el territorio para cometer delitos. Asesinatos, secuestros y extorsiones forman parte de las acciones delictivas de estas organizaciones, generando temor en la población y haciéndolos vulnerables a sus demandas políticas. Según el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, hay 19 grupos armados operando en esta región.

Castro afirma que, al menos en Venezuela hasta el año 2021, la coacción política se realizaba a través de los encargados de distribuir los beneficios sociales. Estos intimidaban a los vecinos para que votaran a favor del partido de gobierno, amenazándolos con negarles las bolsas de comida o las bombonas de gas en caso de no hacerlo. Por otro lado, en el lado colombiano de la frontera, las FARC llevaban a cabo ataques con bombas durante los periodos electorales, mientras que actualmente son los grupos disidentes de la guerrilla quienes los perpetran.

Castro, aunque no tiene detalles sobre quién daba las órdenes, participó en la búsqueda del control de estas bandas delictivas en la frontera, lo que contribuyó a disminuir su actividad. Sin embargo, actualmente existen grupos disidentes de la guerrilla y paramilitares que operan en el territorio venezolano, según afirmaciones del gobernador del Táchira en mayo de 2023.

Joaquín, exmiembro de una banda de paramilitares con presencia en la frontera, relata que los grupos armados amenazaban a los políticos de oposición con poner bombas o perseguir a sus familias durante las elecciones regionales de 2021. Estas intimidaciones se realizaban personalmente o a través de panfletos dejados en puertas de viviendas y comercios en la zona fronteriza. La respuesta de las fuerzas de seguridad colombianas y venezolanas contra la banda delictiva a la que pertenecía Joaquín fue inmediata, lo que lo llevó a desertar por temor a ser asesinado.

En áreas vulnerables como la invasión Mi Pequeña Barinas, El Pelota y Llano de Jorge en San Antonio, estado Táchira, los grupos armados ejercen presión política debido a las condiciones de pobreza extrema y la escasez de recursos básicos como el agua. Estas comunidades son objeto de coacción por parte de las disidencias de la guerrilla, quienes aprovechan las necesidades de los residentes para obligarlos a votar por el gobierno de Maduro a cambio de beneficios como la distribución de gas y alimentos a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En otros sectores de la frontera, el suministro de gas y alimentos a través del CLAP puede llegar cada cuatro meses, pero en estas comunidades llega cada 30 o 45 días, convirtiéndose en un mecanismo de extorsión. Además, los grupos armados ven estas áreas como una oportunidad para el contrabando, ya que el control que ejercen sobre estas rutas les permite cobrar por el paso de mercancías ilegales.

En conclusión, los grupos armados en la frontera colombo-venezolana han utilizado diversas tácticas para coaccionar a los ciudadanos y asegurar su apoyo político. Desde amenazas directas y ataques con bombas hasta el control de servicios básicos y beneficios sociales, estos grupos han buscado mantener su influencia y poder en la región. A pesar de los esfuerzos de algunos exmiembros de estas organizaciones y de las fuerzas de seguridad, la presencia de grupos disidentes y paramilitares continúa representando un desafío en la frontera.