Civilian armed group takes control of electoral plaza

Durante más de una década, un grupo criminal tuvo un control absoluto sobre la capital del municipio Sotillo, al sur del estado Monagas. Su poder llegó incluso a influir en las elecciones, ya que los habitantes afirmaban que eran coaccionados para favorecer a la tendencia oficialista. Sin embargo, en la actualidad, es la guerrilla la que tiene presencia en esta zona de la región nororiental del país.

El 1º de enero de 2022, mientras los habitantes de Barrancas del Orinoco, en el estado Monagas, celebraban la llegada del nuevo año, el grupo conocido como «Patas de Goma», perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, atacó a sus rivales de «El Sindicato», dejando nueve muertos y más de 15 heridos. El Sindicato de Barrancas, que se inició hace más de 20 años como un colectivo de trabajadores en defensa de sus derechos laborales, se convirtió en una organización criminal que llegó a tener más poder que las autoridades civiles y militares. Eran tan temidos que nadie se atrevía a revelar los nombres de los líderes del grupo delictivo, también conocido como el «Sistema». Su influencia alcanzaba incluso la política electoral, ya que los residentes de la zona aseguran que su dominio afectaba los resultados a favor del chavismo.

Daniel Uzcategui, quien vivió bajo este régimen, fue testigo de la coacción a la que eran sometidos los habitantes. Según él, «el pueblo se veía obligado a cumplir sus órdenes por los favores que recibían y, a la hora de votar, no tenían otra opción más que acatar las líneas políticas». Estos favores consistían en labores sociales realizadas a través de una fundación privada llamada «Hermanos Álvarez Quirós», creada por los criminales para ganar simpatías. En los procesos electorales, comunicaban a los vecinos que necesitaban su ayuda, lo que implicaba votar por el candidato indicado. Aquellos que se resistían podían sufrir consecuencias como dejar de recibir alimentos a través de los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), perder cupos para abastecerse de combustible subsidiado a un precio muy bajo, ser despedidos de sus trabajos, entre otras represalias.

Para Magaly Huggins, criminóloga y psicóloga social, la población fue manipulada a través del uso estratégico del término «Sindicato». Según ella, esto es una forma de violencia simbólica que facilita el paso a la violencia armada. Estas estructuras criminales surgen como resultado de un Estado ausente y de un sistema de justicia que promueve la impunidad, añade la psicóloga social.

Después del enfrentamiento entre la guerrilla y El Sindicato, que duró más de 12 horas, Barrancas quedó militarizada. Se llevaron a cabo operaciones en las que miembros del «Sistema» fueron detenidos y otros murieron a manos de las fuerzas policiales y militares. Las autoridades locales y de seguridad prometieron devolver la tranquilidad a la población, instalando bases de la Dirección de Inteligencia Estratégica (DIE), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Guardia del Pueblo. Sin embargo, después de algunos meses, la DIE fue retirada del lugar por «órdenes superiores», quedando el control de Barrancas en manos de las unidades castrenses y policiales, según una fuente cercana a los organismos de seguridad del Estado consultada por el equipo investigador.

Mientras esto ocurría en tierra firme, el ELN seguía expandiendo su presencia en los canales fluviales del municipio Sotillo, que son un corredor estratégico para el tráfico de drogas, combustible y personas.

Previo al fin de su reinado, en zonas fluviales como Los Barrancos de Fajardo, Apostadero y Mata de Los Indios, los miembros de El Sindicato «compraban y amenazaban de muerte a los testigos y miembros de mesa que representaban la opción contraria a ellos», según Quintina Oropeza, dirigente política en el exilio. En cada proceso electoral, los líderes del grupo se reunían para dar instrucciones a sus reclutas y determinar qué candidato o candidata debían favorecer. El día de las elecciones, los miembros de El Sindicato recorrían las comunidades preguntando por quién votarían y amenazando a aquellos que no apoyaran a su candidato. Por otro lado, aquellos que cedían a sus exigencias eran llevados al centro electoral, donde eran recibidos por dirigentes del partido de gobierno y en su mayoría se les asistía en el voto.

La política en el municipio se convirtió en una tarea de alto riesgo debido al dominio del grupo armado, afirma Oropeza. Estaba prohibido hablar mal del gobierno y eran supervisados por los sujetos armados. Se utilizaban palabras clave para transmitir mensajes, como «¿Usted cree que merecemos vivir bien y mejor?».

Según Javier Ignacio Mayorca, experto en criminalística y miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, en el gobierno hay elementos que intentan establecer relaciones con grupos armados no estatales, como El Sindicato de Barrancas. Estos grupos reciben cuotas de poder como medio para obtener ganancias ilícitas, ya sea a través del control de estaciones de gasolina o sistemas de alimentos subsidiados, dependiendo de la realidad de la localidad. La incidencia en lo electoral está determinada por el nivel de organización de las estructuras armadas y su relación con el oficialismo.

De acuerdo con Fernando Urbina, habitante de Barrancas, la dinámica de poder que consolidó El Sindicato también involucraba a algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. En los procesos electorales, el Plan República permitía la movilización de la gente por parte de El Sindicato, y las personas eran entregadas a las estructuras del chavismo para la asistencia del voto y el registro en el Carnet de la Patria. Según la ONG FundaRedes, el grupo armado actuaba con el consentimiento e incluso con la cooperación del Estado venezolano y las fuerzas armadas. Esto quedó evidenciado en agosto de 2021, cuando el Alto Comisionado Presidencial por la Paz y la Vida inauguró junto a la fundación Hermanos Álvarez Quirós, creada por El Sindicato, espacios deportivos en Barrancas.

Según Mayorca, estas instituciones de beneficencia pública son una fachada para organizar actividades que les permitan obtener ganancias ilícitas a los grupos armados. Además, señala que esto forma parte del modelo de actuación del movimiento Por la Paz y la Vida, que es la cara de la estructura gubernamental que entregó el poder a estos grupos.

La presencia de la guerrilla y los grupos criminales en Barrancas del Orinoco ha generado un clima de inseguridad y violencia que afecta a los habitantes de la zona. La lucha por el control del territorio y los recursos ha dejado un rastro de muerte y sufrimiento en esta región del país. Las autoridades locales y nacionales deben tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afectada.