Sucrenses liberan sus vínculos políticos antes de las elecciones

Vecinos del barrio Brasil, en Cumaná, consideran las primarias de la oposición como el comienzo de un viaje en busca de mejorar su calidad de vida. Un 8,29% de los votantes confía en que un nuevo liderazgo los llevará a un futuro seguro. Mario Rodríguez*, un residente del barrio, se muestra valiente y decidido a seguir el camino que muchos venezolanos han tomado para lograr un cambio político en las elecciones presidenciales de 2024. A pesar de los riesgos, está animado por el civismo que caracterizó las primarias de la oposición el pasado 22 de octubre. Mario, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, relata las dificultades que ha enfrentado en las últimas dos décadas y sus esperanzas de un futuro mejor a través del voto.

Mario fue detenido por participar en las protestas de 2017 y emigró a Colombia en busca de mejores oportunidades económicas para su familia. Sin embargo, no tuvo éxito y regresó a Venezuela. Ahora, su trabajo tiene un doble propósito: arreglar computadoras y colaborar con el partido político Primero Justicia. A pesar de no haber conocido otro gobierno desde que era niño, Mario sigue apostando por el cambio y no pierde la fe.

Sin embargo, Mario se preocupa por las posibles represalias contra su esposa, quien es docente y depende del gobierno regional. Aunque él no depende del gobierno, su esposa sí lo hace, lo que ha llevado a situaciones en las que ella se ha visto obligada a participar en actividades políticas del oficialismo para mantener su empleo.

En el ámbito educativo, la represión también ha dejado su huella. Once directores de escuela fueron destituidos de sus cargos después de no promover ni participar en el simulacro de referendo sobre la disputa territorial del Esequibo entre Venezuela y Guyana. Estas destituciones han sido denunciadas por la Federación Venezolana de Maestros y la Coalición Sindical del Magisterio Sucrense, quienes afirman que los directores fueron reemplazados por personas sin méritos profesionales, violando así el debido proceso.

En el barrio Brasil, la falta de alimentos es una realidad diaria. La mayoría de los residentes dependen de bonos del gobierno, bolsas de alimentos y trabajos informales para sobrevivir. Además, el cierre de un comedor popular ha dejado a 50 niños sin sus almuerzos diarios. La desnutrición infantil es un problema grave en la zona, con un 60% de los niños atendidos presentando desnutrición, y un 20% de ellos en estado grave.

El gobierno ha utilizado esta vulnerabilidad económica y social como instrumento político, especialmente en el estado de Sucre, uno de los más pobres del país. Los programas asistencialistas se utilizan como mecanismos de control político, como lo demuestra el caso de la bolsa Clap que fue quitada a aquellos que participaron en las primarias de la oposición.

El sector público es la principal fuente de empleo formal en Sucre, pero la actividad pesquera, agrícola e industrial ha disminuido significativamente en la región. La pesca de arrastre ha sido eliminada, la escasez de gasolina ha afectado la actividad pesquera y el crimen organizado ha asediado la producción de cacao. Además, la ensambladora de vehículos Toyota de Venezuela ha cerrado y las empresas azucareras han sido desmanteladas.

En resumen, los residentes del barrio Brasil y otros sectores de Cumaná buscan un cambio político para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, se enfrentan a represalias y dificultades económicas debido a su oposición al gobierno. La falta de alimentos y empleo digno son problemas recurrentes en la zona. La instrumentalización electoral del hambre y el control político a través de programas asistencialistas son prácticas comunes del gobierno. A pesar de todo, los residentes como Mario Rodríguez siguen apostando por el cambio y luchando por un futuro mejor a través del voto.