Acceso a la Justicia advierte que la Sala Político Administrativa del TSJ viola garantías procesales de María Corina Machado

La Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha incumplido la ley al no pronunciarse un mes después de que el equipo legal de María Corina Machado presentara una demanda contra la actuación de la Contraloría General de la República que la inhabilita. Esta demora ha sido denunciada por Acceso a la Justicia, ya que viola garantías procesales y lesiona la tutela judicial efectiva, así como los derechos al debido proceso y a la defensa.

Según lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LOJCA), la Sala tenía un plazo de tres días hábiles para informar si admitía o no la demanda. Sin embargo, la SPA decidió inventar un lapso de tres días continuos para que la Contraloría remitiera los antecedentes administrativos relacionados con la inhabilitación de Machado, en una decisión del 19 de diciembre de 2023.

Además, el equipo legal de Machado todavía no ha tenido acceso al expediente del caso que se encuentra en el TSJ. A pesar de que esperaban obtenerlo el pasado 11 de enero, una «falla de luz» en la sede del tribunal impidió, por tercera vez, que la defensa pudiera ver la documentación del caso.

Esta situación pone a María Corina Machado en una peligrosa situación de indefensión, impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo. Por otro lado, el TSJ pone en peligro el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso y el acuerdo de Barbados, según denunció el abogado de la dirigente opositora, Perkins Rocha.

El pasado 15 de diciembre, Machado presentó una demanda de reclamación con un amparo cautelar ante la SPA contra la vía de hecho de la Contraloría que pretende inhabilitarla. Esto se hizo como parte del mecanismo de revisión de inhabilitaciones acordado en la mesa de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria.

Acceso a la Justicia señala que el caso de Manuel Rosales es un antecedente exitoso, ya que mediante el amparo cautelar se dejó sin efecto la inhabilitación que pesaba en su contra, permitiéndole competir en las elecciones regionales en las que fue electo gobernador del estado Zulia. Sin embargo, esta instancia se demoró 25 meses en tomar dicha decisión, según se puede consultar en la sentencia n.º 1.169 del 30 de octubre de 2017.

Si el TSJ tarda el mismo tiempo en el caso de Machado que en el de Rosales, la candidata no podrá participar en las elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre de este año. Sin embargo, al haber presentado una demanda de reclamación contra vía de hecho, que tiene un procedimiento breve según el artículo 65.2 de la LOJCA, junto con un amparo cautelar, su situación jurídica infringida podría ser restablecida de manera inmediata mientras dura el juicio y el TSJ decide con mayor celeridad sobre la actuación de la CGR.