Preocupación de organizaciones internacionales ante proyecto de ley que afecta a ONGs

Siete organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos expresaron su “profunda preocupación” por los esfuerzos continuos del gobierno de Nicolás Maduro para avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines en Venezuela.

Este proyecto, presentado e inicialmente aprobado por el partido gobernante en la Asamblea Nacional el 24 de enero de 2024, contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos y representa una grave amenaza para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, según un comunicado emitido por las organizaciones internacionales.

El 9 de enero de 2024, se reanudaron los esfuerzos para aprobar esta ley con el anuncio por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de llevar a cabo una consulta pública sobre el contenido del proyecto de ley. El objetivo de esta consulta es facilitar una segunda discusión que conduzca a su aprobación final.

En caso de ser promulgada, esta ley obstaculizaría la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil. Además, obligaría a estas organizaciones a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento y revelar cualquier financiamiento extranjero. El lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual del proyecto de ley genera alertas frente a una posible persecución intensificada contra personas defensoras de derechos humanos, con posibles multas, cancelaciones de registro e incluso cargos criminales. El énfasis explícito de la ley en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como ‘agentes extranjeros’ agravan aún más sus preocupantes características, añade el comunicado.

Las organizaciones internacionales afirman que este no es el primer intento del Estado de limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. A medida que Venezuela avanza en un año crucial para la investigación en la Corte Penal Internacional, las limitaciones impuestas a las ONG pueden dificultar su capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso y, en última instancia, obstaculizar la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad.

Además, conforme el país se acerca a las elecciones presidenciales de este año, así como a las elecciones legislativas y regionales en 2025, la temporalidad de este proyecto de ley suscita preocupaciones sobre posibles aumentos en la represión gubernamental, situaciones que son tradicionalmente monitoreadas por las organizaciones de la sociedad civil, añaden las organizaciones.

Ante esta situación, las instituciones hacen un llamado a la comunidad internacional para que condene tanto el proyecto de ley propuesto como los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país. También instan a solidarizarse con las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela que enfrentan una criminalización y persecución constantes. Finalmente, instan al gobierno venezolano a cesar cualquier forma de hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil y a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de derechos humanos.

Las organizaciones que suscribieron el comunicado son: Robert F. Kennedy Human Rights, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, y Fundación para el Debido Proceso (DPLF).