Un juzgado español ha detenido el traslado de 50 inmigrantes que esperaban en las salas de asilo del aeropuerto madrileño de Barajas a un Centro de Internamiento de Extranjeros. Esta medida fue tomada debido al desbordamiento de las instalaciones causado por un aumento en la cantidad de solicitantes de asilo.
El juez revocó la orden emitida tres días antes después de que la Fiscalía y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) solicitaran su anulación. Según información proporcionada por la ONG en un comunicado, ya se habían trasladado a cuatro personas.
CEAR señaló que actualmente hay más de 390 personas esperando en condiciones «indignas e inhumanas», y aproximadamente 182 personas aún no han podido formalizar su solicitud. Estos solicitantes son principalmente de Senegal, Marruecos, Somalia, Venezuela y Colombia.
Los retrasos en la formalización de las solicitudes se han extendido hasta los 18 días en diciembre, aunque la situación ha mejorado ligeramente, reduciéndose a 8 días.
La ONG denunció que estos retrasos dificultan la detección de necesidades específicas, como las de menores, víctimas de trata y personas con problemas de salud física o mental o discapacidad. Además, impiden que estas personas puedan recibir un trato diferenciado, al que tienen derecho.
Esto representa una violación de las directivas europeas, que establecen un plazo de entre 3 y 10 días para el registro de la solicitud y prohíben la prórroga del internamiento por causas que no sean imputables al solicitante.
La ONG ha solicitado que se permita la entrada excepcional de personas en necesidad de protección o con necesidades específicas en territorio español por razones humanitarias, asignándoles una cita para formalizar su solicitud de asilo.
Desde agosto pasado, ha habido un aumento exponencial en el número de solicitantes de protección internacional, lo que ha llevado a un desbordamiento de las salas en dos terminales del aeropuerto, donde los migrantes esperan que su solicitud sea admitida a trámite.
Después de las denuncias públicas de algunos sindicatos policiales sobre las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que se encontraban los migrantes y la queja de CEAR, los jueces solicitaron al Ministerio del Interior que tomara medidas urgentes.
La ONG señaló en su comunicado que «el hacinamiento e insalubridad han alcanzado puntos críticos, provocando plagas de chinches, acumulación de basura y escasez de toallas para la higiene personal».
El defensor del pueblo también visitó las instalaciones en diciembre y corroboró la situación en la que se encontraban estas personas. Sugirió como posible solución la autorización excepcional de migrantes en territorio español.
El Ministerio del Interior ha llevado a cabo algunas acciones, como la habilitación de una nueva sala provisional en el aeropuerto para mujeres y niños, y la asignación de más policías para realizar entrevistas a los solicitantes. Sin embargo, tanto CEAR como el sindicato policial SUP aseguran que el problema persiste.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, informó el viernes pasado que el Gobierno está estudiando la implementación de visados de tránsito desde ciertos países para evitar que las personas tomen vuelos con destino a otros países y aprovechen la escala en Madrid para solicitar asilo.
Con información de Efecto Cocuyo
