Continúa la desmantelación del Estado de derecho en Venezuela a través de las inhabilitaciones

Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la habilitación e inhabilitación de dirigentes políticos de la oposición venezolana han generado diversas respuestas y críticas.

En la tarde del viernes 26 de enero, el máximo tribunal del país emitió respuestas sobre los recursos presentados por varios dirigentes opositores, incluyendo María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski.

La decisión del TSJ de confirmar las inhabilitaciones de Capriles y Machado representa un obstáculo tanto para la oposición como para los acuerdos de Barbados que han sido negociados entre el gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria.

El abogado constitucionalista Gustavo Manzo compartió su opinión sobre las sentencias emitidas por la Sala Político Administrativa del TSJ en una entrevista con Efecto Cocuyo. Según Manzo, estas decisiones violan profundamente el texto constitucional.

Llama la atención que el TSJ haya publicado todas las sentencias el viernes 26 de enero, apenas tres días después de que Estados Unidos expresara su preocupación por las acciones tomadas por Tarek William Saab, en las que se ordenaron capturas a militares retirados, activistas y una periodista de la fuente militar.

Para Manzo, las decisiones del TSJ no están en línea con la Constitución y podrían tener graves consecuencias. Señala que parece haber un criterio de selección en las habilitaciones, lo que viola el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley y socava el Estado de derecho en Venezuela.

Es notable que dirigentes políticos de menor relevancia en la actualidad, como Daniel Ceballos y Pablo Pérez, hayan sido habilitados por el TSJ para optar a cargos públicos o de elección popular, mientras que la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, no tuvo la misma suerte.

Tanto Machado como Capriles reaccionaron rápidamente a las decisiones del TSJ, condenando lo hecho por el máximo tribunal del país.

Manzo sostiene que estas inhabilitaciones se basan en decisiones administrativas, pero según la Constitución, solo mediante una sentencia definitiva y firme en un juicio penal una persona puede quedar inhabilitada en términos de perder sus derechos políticos, los cuales son derechos constitucionales.

En resumen, las recientes decisiones del TSJ sobre la habilitación e inhabilitación de dirigentes políticos de la oposición venezolana han provocado diversas respuestas y críticas. Estas decisiones no están en línea con la Constitución y podrían tener graves consecuencias para el país. Además, genera dudas el criterio utilizado por el TSJ para habilitar a algunos dirigentes y no a otros, lo que viola el principio de igualdad ante la ley.