Renny Amundaraín, el fiscal del Ministerio Público acusado de nexos con la delincuencia organizada: ¿verdad o calumnia?

El pasado 24 de enero, el fiscal general designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención de Renny Amundaraín y Adys Salcedo, imputándolos por retraso u omisión intencional de funciones, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir. Además, Saab señaló una presunta vinculación de ambos con «grupos estructurados de delincuencia organizada».

Renny Amundaraín es un fiscal del Ministerio Público que ha estado involucrado en una serie de casos judiciales y situaciones que han generado controversia y señalamientos, especialmente en el ámbito de los derechos humanos en Venezuela. Ha participado en investigaciones de alto perfil, como la muerte en custodia de Raúl Isaías Baduel, la pesquisa contra Javier Tarazona y el feminicidio de Ángela Aguirre. Su participación en estos casos ha generado debates sobre la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial venezolano.

Zair Mundaray, exvicefiscal, ha recordado los casos en los que Amundaraín estuvo involucrado, destacando el caso de Carlos Lanz, donde se emitió una condena por homicidio sin prueba concluyente. Amundaraín también estuvo a cargo de la detención del politólogo Nicmer Evans y del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona. Estas detenciones han alimentado las críticas sobre su actuación en situaciones que involucran a figuras políticas y defensores de derechos humanos. Además, ha sido acusado de mantener contactos con «pranes» a quienes supuestamente vendía información sobre los casos.

Amundaraín ha sido señalado por obstruir investigaciones, como en el caso del militar Raúl Isaías Baduel y del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, ambos muertos en custodia del Estado. También se le atribuye archivar el caso de la muerte del joven Neomar Lander, quien falleció en las protestas antigubernamentales en 2017. Además, emitió una prohibición de salida del país contra los defensores de derechos humanos Alonso Medina Roa y Ana Leonor Acosta. También se le acusa de actuar en complicidad con la fiscal Emily Hernández en el caso de Ángela Aguirre, donde presuntamente favoreció a personas acusadas del femicidio de la joven.

En cuanto a Adys Salcedo, exdefensor público implicado en la trama de corrupción denunciada por Saab, se sabe poco sobre su participación. Su presencia ha sido recurrente en situaciones en las que se obstaculizaba la designación de defensa privada en procesos judiciales contra presos políticos opositores. Ha estado presente como defensor en la denominada «Operación Gedeón» y en la defensa del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) en Barinas, Víctor Venegas.