El TSJ autoriza la participación de cinco políticos, pero excluye a María Corina y Capriles

La candidata opositora María Corina Machado y el dirigente Henrique Capriles Radonski han sido inhabilitados por la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años, según informó el TSJ. Esta decisión se suma a las revisiones de las inhabilitaciones políticas realizadas por el máximo tribunal de Venezuela en el mes de diciembre.

En contraste, el líder de la organización Prociudadanos, Leocenis García, ha sido habilitado por el TSJ para el ejercicio de funciones públicas, según una sentencia emitida por la SPA del TSJ.

El TSJ ha estado notificando de manera escalonada sus sentencias en cada caso de inhabilitación política. Sin embargo, poco después de emitir las decisiones relacionadas con García y el exdiputado Richard Mardo, las sentencias desaparecieron de la página web del TSJ, la cual también ha presentado problemas de acceso.

La decisión de la SPA del TSJ ratifica la inhabilitación de Henrique Capriles, quien fue candidato presidencial y exgobernador de Miranda. Capriles fue inhabilitado en 2017 por supuestas irregularidades durante su gestión como mandatario regional. Aunque no se ha confirmado si Capriles acudió al TSJ para tratar su caso, en el momento en que se le consultó al respecto, respondió que lo discutiría con sus abogados.

Por otro lado, el exgobernador del Zulia, Pablo Pérez Alvarez, ha sido habilitado para el ejercicio de funciones públicas por el TSJ. Esta decisión suspende los efectos de una sanción impuesta por la Contraloría General de la República en 2015.

En cuanto a María Corina Machado, la sala del TSJ informó que está inhabilitada por un período de 15 años, al igual que Henrique Capriles. La decisión se basa en una investigación iniciada en mayo de 2014 y en medidas cautelares tomadas por la Contraloría General de la República. Cabe destacar que esta decisión fue emitida después de la firma del acuerdo de Barbados en octubre de 2023 y del vencimiento del plazo dado por Estados Unidos al gobierno de Maduro para revisar las inhabilitaciones políticas consideradas arbitrarias e ilegales por la oposición venezolana.

Finalmente, la sala del TSJ remitió el caso del exalcalde del municipio San Diego, Enzo Scarano, a la Sala Constitucional del TSJ, declarando la demanda inadmisible.