Organizaciones no gubernamentales denuncian detención injusta y violación de los derechos procesales en el caso de Rocío San Miguel

Detención arbitraria y violación al debido proceso: ONGs denuncian el arresto de Rocío San Miguel en Venezuela

Organizaciones no gubernamentales en Venezuela han denunciado la detención arbitraria de la abogada Rocío San Miguel, quien aún no ha sido presentada en tribunales casi 70 horas después de su arresto. Esta situación constituye una clara violación al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución del país.

El fiscal Tarek William Saab anunció que las autoridades detuvieron a San Miguel por su presunta vinculación a un supuesto plan conspirativo contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, activistas han rechazado esta afirmación y señalan que la abogada fue detenida sin conocimiento de una orden de aprehensión o captura en su contra, y sin que se le haya permitido tener contacto con su familia y abogados. Estos hechos van en contra de lo establecido en la Carta Magna y constituyen una forma de desaparición forzada.

El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) ha destacado que hasta el momento el Ministerio Público no ha proporcionado información sobre el paradero de San Miguel. La organización ha exigido garantías plenas para preservar su vida e integridad personal, así como respuestas sobre su ubicación y las condiciones en las que se encuentra. Además, hacen un llamado al respeto del derecho al debido proceso.

Por su parte, la organización Provea ha exigido la liberación inmediata de la presidenta de la ONG Control Ciudadano y ha solicitado la solidaridad internacional y de los gobiernos democráticos del mundo en favor del respeto y garantía de los derechos humanos en Venezuela. Provea ha denunciado que San Miguel habría sido detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), un organismo de seguridad adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

La falta de información sobre el paradero de la activista y su medida cautelar de protección por parte de la Corte Interamericana de DDHH ha generado preocupación por su integridad física y psicológica. Especialmente alarmante es el hecho de que la sede de la DGCIM, así como la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se han convertido en epicentros de tortura en los últimos años. Provea ha explicado que ambos lugares concentraron el 43,19% de los casos de tortura registrados a nivel nacional entre 2018 y 2022.

Finalmente, Provea ha resaltado que la desaparición forzada constituye una violación múltiple de los Derechos Humanos y va en contra de los acuerdos internacionales firmados por Venezuela, incluyendo la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas.

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