Rocío San Miguel, una reconocida activista y defensora de los derechos humanos, fue detenida el viernes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, según informó la ONG Provea el sábado por la noche.
La detención de San Miguel ha generado gran preocupación, ya que evidencia el progresivo cierre del espacio cívico en Venezuela y el empeño del gobierno por reprimir a las voces críticas. Provea exige su liberación inmediata y denuncia que este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos en el país.
Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro se han pronunciado sobre el arresto. Las razones de la detención aún son desconocidas, aunque ocurre en un contexto de investigaciones por presuntas conspiraciones contra el gobierno.
Rocío San Miguel, de 57 años, es una destacada defensora de derechos humanos y experta en seguridad, defensa y Fuerza Armada Nacional. Además de presidir la ONG Control Ciudadano, ha supervisado los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Control Ciudadano se enfoca en el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Sin embargo, su labor ha sido objeto de ataques y amenazas desde hace más de una década en Venezuela. Organizaciones internacionales, como la ONU, han advertido sobre el obstáculo que representa el gobierno de Nicolás Maduro para el trabajo de los defensores de derechos en el país.
En 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor de Rocío San Miguel y su hija, debido a las amenazas que recibieron. En 2014, la organización Front Line Defenders denunció que el gobierno chavista difamó a la activista y que esta fue víctima de hostigamiento.
La detención de Rocío San Miguel es un recordatorio de la difícil situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en Venezuela y la importancia de seguir luchando por la protección de las libertades fundamentales en el país.
