Saab niega el caso de desaparición forzada de San Miguel y sus familiares, y advierte sobre las implicaciones legales de afirmarlo.

El fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, desmintió las acusaciones de desaparición forzada de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y cinco miembros de su familia. Desde la sede del Ministerio Público (MP), Saab calificó de “mitómanos” a quienes insisten en difundir esta información y advirtió que hacerlo es un delito.

Saab criticó a las ONG, periodistas y medios de comunicación, a los que acusó de participar en una campaña de desprestigio contra las instituciones venezolanas en relación al caso de San Miguel. Según el fiscal, el tema de la desaparición ha sido tergiversado, ya que existe una orden de captura basada en una investigación penal difundida en enero. Saab afirmó que la presentaron ante el Tribunal 2do con Competencia en Terrorismo dentro de los plazos legales correspondientes el 12 de febrero.

El fiscal también mencionó que San Miguel está vinculada con la trama conspirativa “brazalete blanco”, dirigida a atentar contra la vida de altos funcionarios del Estado. Saab señaló que la abogada fue presentada ante el tribunal y que las acusaciones de desaparición forzada son infundadas.

En cuanto a los familiares de San Miguel, Saab los acusó de encubrimiento y obstaculización en la obtención de pruebas al trasladar equipos de computación pertenecientes a la abogada. La defensa de San Miguel asegura que ella y sus familiares fueron víctimas de desaparición forzada desde el momento de la detención en el aeropuerto de Maiquetía el 9 de febrero.

Saab también criticó a las ONG venezolanas, acusándolas de recibir financiamiento internacional para participar en campañas de desprestigio contra el Estado venezolano. El fiscal considera que estas organizaciones están siendo instrumentalizadas y que San Miguel utiliza su activismo como una fachada.

En resumen, el fiscal Tarek William Saab negó las acusaciones de desaparición forzada de Rocío San Miguel y sus familiares, argumentando que existen pruebas de su detención y presentación ante el tribunal. Además, acusó a las ONG, periodistas y medios de comunicación de participar en una campaña de desprestigio contra las instituciones venezolanas.