El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender temporalmente la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Venezuela. La medida fue tomada como represalia después de que el informe de la oficina expresara “profunda preocupación por la detención de la activista de derechos humanos” Rocío San Miguel. El subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental de EEUU, Brian Nichols, también condenó la decisión y la consideró una escalada de intimidación que agrava la crisis humanitaria en Venezuela.
El gobierno de Maduro dio un plazo de 72 horas a los funcionarios de la ONU para abandonar el país, argumentando que se habían inmiscuido en asuntos internos. El canciller Yván Gil afirmó que la oficina era una “caja de resonancia” de la oposición de extrema derecha y solo protegía a personas que intentaban subvertir el orden constitucional y crear violencia en Venezuela. Gil cuestionó el silencio de la ONU ante las denuncias de conspiraciones realizadas por parte de Maduro y el Ministerio Público.
Organizaciones No Gubernamentales también reaccionaron ante la suspensión de las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela, advirtiendo que era un intento del gobierno de Maduro de evitar que los organismos internacionales denuncien la violación de derechos humanos en el país. Estas organizaciones destacaron que la medida aumenta la desprotección de las víctimas y busca evitar el escrutinio de los órganos internacionales de protección de derechos humanos.
En resumen, la decisión del gobierno de Venezuela de suspender temporalmente la Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha sido criticada por el gobierno de Estados Unidos y organizaciones internacionales, quienes consideran que esta medida agrava la crisis humanitaria y limita el escrutinio de las violaciones de derechos humanos en el país.
Con información de efectococuyo.com
