El 14 de noviembre de 2023 debutaba en Chile el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), una unidad impulsada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric, e integrada por el Ministerio Público, como respuesta a la crisis de seguridad.
A la cabeza, como coordinador en la Región Metropolitana de Santiago, fue nombrado Héctor Barros, de 55 años, un experimentado fiscal con más de 20 de carrera que a mediados de la década del 2000 resolvió una serie de secuestros con extorsión, en ese tiempo inéditos, cometidos entre delincuentes chilenos, y que también desbarató a los clanes narco Los Cara de Jarro, Los Cara de Pelota y Los Gaete.
Cuando se estrenaba el flamante grupo, Barros explicó en una entrevista la tarea que venía por delante: “Lo que queremos levantar ahora no es solo un homicidio o un secuestro en particular, sino que develar la organización criminal que está detrás”.
De eso han transcurrido más de tres meses. Y también al menos media docena de secuestros en Santiago, la mayoría extorsivos y perpetrados por bandas transnacionales.
En enero, por ejemplo, el equipo de Barros encontró dos casas de torturas, en el municipio de Maipú, donde miembros del Tren de Aragua mantenían cautivos a ciudadanos colombianos.
Sin embargo, la madrugada del pasado miércoles 21 llegó al ECOH una alerta que, a primera vista, pudo ser un caso más de los que han ocurrido desde 2022, la mayoría con víctimas extranjeras, pero que se ha transformado en un puzzle: el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno, de 32 años, quien fue sacado desde su departamento en el piso 14 del edificio donde vivía, en la comuna de Independencia en Santiago, a las 3.15 de la madrugada.
De acuerdo con los vídeos de la cámara de la conserjería, cuatro sujetos con las caras tapadas y con falsos uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se lo llevaron, descalzo, maniatado y solo con su ropa interior. En el estacionamiento se ve un automóvil gris con baliza y, a siete días de ocurrido el hecho, no hay noticias de su paradero.
Oficialmente, el Gobierno de Boric, a través del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, sólo se ha pronunciado dos veces sobre el caso de Ojeda, el miércoles y el jueves de la semana pasada. Primero para contar que se emitió una alerta a Interpol y se reforzaron las fronteras y luego para dar cuenta que presentó una querella. Por su sigilo, el Ejecutivo ha recibido presión de la oposición, que pide respuestas e información, además de una cita con la ministra del Interior, Carolina Tohá.
Recién el martes Tohá ha dicho a Tele13 Radio que “el hecho de que no se sepa nada, no quiere decir que no pase nada”. Y destacó que “hay avances” que considera “significativos”. Pero, agregó: “Creo que no hay que calificarlos demasiado. Hay que dejar a la fiscalía trabajar”. Y destacó que la indagatoria ha sido declarada secreta.
