El Gobierno de Venezuela ha acusado al Gobierno de Estados Unidos de estar involucrado en un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Este plan fue revelado este año por las autoridades venezolanas, quienes han detenido a más de una treintena de personas por su presunto vínculo con conspiraciones que incluían el asesinato del jefe de Estado.
El canciller venezolano, Yván Gil, hizo esta acusación a través de la red social X, en respuesta al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Brian Nichols, quien criticó la detención de cuatro colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, candidata de la principal coalición opositora a las próximas elecciones presidenciales.
Nichols considera que estas detenciones son violaciones del acuerdo de Barbados firmado por el chavismo y la oposición en octubre pasado. Por ello, exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los venezolanos detenidos injustamente, incluida la activista Rocío San Miguel, acusada de estar vinculada al plan magnicida.
Según Gil, el mensaje de Nichols revela las malas intenciones del Gobierno de Estados Unidos y su implicación en el plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
En respuesta, el canciller expresó: “La defensa obstinada y vergonzosa de personas que intentaron crear caos, destrucción y muerte en Venezuela ha chocado con la dignidad de nuestro pueblo, que ha derrotado cada conspiración de manera digna y valiente. El imperio y sus lacayos de grandes apellidos no han podido ni podrán. ¡Nosotros venceremos!”
En los últimos meses, las autoridades venezolanas han referido a un grupo de opositores como “los apellidos”, entre los que se encuentran Machado, Capriles, López, Borges y Guaidó, entre otros.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, acusó al Gobierno de incumplir el acuerdo de Barbados tras la detención de un colaborador regional de Machado, quien espera competir en las elecciones presidenciales a pesar de estar inhabilitada para ejercer cargos públicos de elección popular hasta 2036.
