Actores políticos firmantes del llamado «acuerdo de Caracas» del Parlamento de 2020 han anunciado acciones judiciales que podrían afectar a Primero Justicia (PJ) y otras tres tarjetas de la oposición mayoritaria, mientras se espera el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las candidaturas para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El diputado disidente de PJ y precandidato presidencial, José Brito, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para aclarar el estatus legal de la tarjeta de Primero Justicia, intervenida judicialmente en 2020. Brito expresó su interés en determinar quiénes están facultados para postular con la tarjeta y si esta puede ser utilizada para las elecciones presidenciales de 2024.
Vale recordar que por orden del TSJ, el control de PJ fue entregado a Conrado Pérez y a Brito, pero la intervención quedó suspendida posteriormente. Brito no pudo postular candidaturas a las parlamentarias y creó junto a Luis Parra las organizaciones políticas Primero Venezuela y Venezuela Unida con diseños similares a la tarjeta de PJ.
Brito solicitó al TSJ informar sobre el estatus de Primero Justicia antes del inicio del período de postulaciones ante el CNE. Aseguró que están trabajando para derrotar a Nicolás Maduro, a pesar de las campañas en su contra por aceptar las condiciones electorales impuestas por el CNE.
Luis Ratti, aspirante a la presidencia, también acudió al TSJ para solicitar la anulación de las tarjetas de la MUD, Convergencia y Movimiento por Venezuela (MPV) de Simón Calzadilla. De ser aprobada esta solicitud, la oposición mayoritaria solo contaría con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo (UNT) para postular candidatos.
Ratti destacó la importancia de la transparencia en las elecciones y aseguró que las tarjetas de MPV y Convergencia deben legitimarse por no obtener suficientes votos en las elecciones regionales de 2021. Su objetivo es garantizar que cada organización política habilitada pueda postular a sus candidatos de manera legal.
