El Tribunal Supremo de Estados Unidos anula ley de Texas que autoriza a la policía detener y deportar migrantes

El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de prohibir la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, la cual permitía a la Policía detener y expulsar a migrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país. Esta legislación, que debía entrar en vigencia este lunes, fue demandada por el Gobierno del presidente Joe Biden.

El juez Samuel Alito ha puesto en pausa indefinidamente la implementación de la ley mientras el Tribunal Supremo escucha los argumentos presentados por ambas partes. La Administración Biden y defensores de los inmigrantes, liderados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han argumentado que la iniciativa es inconstitucional, lo que ha llevado el caso hasta el máximo tribunal.

La SB4, considerada una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, había sido inicialmente programada para entrar en vigor el pasado 5 de marzo. Sin embargo, un juez federal emitió una orden para detener su aplicación, respaldando así a los demandantes.

El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó el caso al Quinto Circuito de Apelaciones, donde obtuvo respaldo para la ley. Ante esto, los demandantes recurrieron al Tribunal Supremo en un intento por evitar que la medida se implementara.

El juez Alito ya había detenido la entrada en vigor de la ley en dos ocasiones anteriores, y en esta ocasión ha impuesto un bloqueo indefinido mientras se evalúa el caso en su totalidad.

La SB4 convierte en delito menor el ingreso irregular de un extranjero al estado desde una nación extranjera, con penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión en caso de reincidencia. La ley también otorga a la Justicia estatal la facultad de ordenar la expulsión de personas sin un proceso legal previo, y permite a los oficiales de policía arrestar a individuos sospechosos de ingresar ilegalmente al país, pudiendo expulsarlos a México sin necesidad de un arresto formal.

El fiscal republicano Paxton ha manifestado su intención de seguir defendiendo la medida, respaldada por el gobernador Greg Abbott como parte de la estrategia de seguridad en la frontera. Por otro lado, los demandantes han advertido que la ley podría llevar a la discriminación racial, especialmente contra la comunidad hispana en todo el estado de Texas.