La polémica ley de Texas para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados que ingresan a Estados Unidos.

Una polémica ley migratoria desata una batalla entre Texas y el gobierno federal de EE.UU.

La Corte Suprema de EE.UU. ha permitido que las autoridades de Texas apliquen la nueva ley migratoria del estado que permite detener, encarcelar y deportar a migrantes indocumentados, pero la revisión de su legalidad está en manos de un tribunal federal inferior.

En respuesta, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. anuló un fallo que autorizaba la aplicación de la ley, a la espera de los alegatos del gobierno de Texas, con argumentos orales programados para este miércoles.

La SB4, como se conoce a la ley, faculta a la policía local y estatal para arrestar y procesar a sospechosos de cruzar la frontera desde México de manera irregular.

El gobierno de Biden ha argumentado que la ley de Texas viola la Constitución y las leyes federales al interferir con la autoridad del gobierno federal para regular la migración, ya que la aplicación de las leyes de inmigración está a cargo del gobierno federal.

La SB4 pretende otorgar a los funcionarios de Texas el poder de procesar a los migrantes y ordenar su regreso a México, una medida que el gobierno mexicano ha rechazado rotundamente.

Hasta 20 años de cárcel

La ley contempla desde delitos menores hasta delitos graves, con multas de hasta US$2,000 o condenas de hasta 20 años de prisión, especialmente para quienes reingresen irregularmente a Texas después de ser deportados.

La SB4, que debía entrar en vigor el 5 de marzo, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y el gobierno mexicano por considerarla «antiinmigrante» y generadora de ambientes hostiles para la comunidad migrante.

¿Qué pasará ahora con la ley?

Tras la decisión de la Corte Suprema y la suspensión por parte de la Corte de Apelaciones, el tribunal federal escuchará los argumentos orales de Texas para poner la ley en efecto.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha celebrado la decisión como una victoria contra Biden y la ACLU, mientras que esta última promete no ceder hasta que la ley sea derogada.

La discusión sobre la implementación de la SB4 coincide con una creciente preocupación pública en EE.UU. sobre la inmigración, que según una encuesta de Gallup es percibida como uno de los mayores problemas del país.