La Ley de Defensa de la Guayana Esequiba permite impugnar candidaturas ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La Asamblea Nacional del año 2020 ha aprobado la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba en una sesión celebrada el jueves 21 de marzo. Esta ley contempla inhabilitaciones políticas contra aquellos que se consideren favorecen la posición de Guyana en la disputa sobre el Esequibo, así como la impugnación de candidaturas ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La aprobación de esta ley en segunda discusión coincide con el inicio de las postulaciones de candidaturas presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral.

El artículo 26, que no estuvo presente en la primera versión del proyecto de ley aprobado en la cámara, establece el proceso de impugnación de candidaturas directamente ante la Sala Constitucional del TSJ, con garantías plenas de debido proceso y derecho a la defensa del candidato o candidata impugnada.

Tras más de dos meses, la mayoría chavista de la AN retomó la discusión de la ley. En la sesión del pasado martes 19 de marzo, se aprobó el articulado del 9 al 25, donde se establece que las personas que favorezcan públicamente la posición de Guyana en torno a la Guayana Esequiba o deshonren los símbolos patrios de la Nación no podrán ser postuladas a cargos de elección popular o ejercer cargos públicos.

Antes de la votación, el presidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento, Diosdado Cabello, hizo un llamado a la unidad nacional en torno a la soberanía sobre el Esequibo. Cabello también señaló que la ley cuenta con el apoyo de la Alianza Democrática y mencionó la oposición de aquellos que podrían estar vinculados a la petrolera Exxon Mobil.

La Ley sobre la Guayana Esequiba también contempla la prohibición de contratar con empresas que favorezcan la postura de Guyana y establece multas para quienes incumplan sus disposiciones. Asimismo, se establecen sanciones para quienes se nieguen a proporcionar información histórica relevante para la reclamación territorial.

En cuanto a la disputa territorial, las disposiciones transitorias de la ley establecen que mientras exista la controversia y no se celebren elecciones en la Guayana Esequiba, la autoridad será ejercida por un jefe de gobierno designado por el Ejecutivo Nacional. Además, se detalla que la representación de los intereses de la región será llevada a cabo por la Procuraduría General de la República y otros entes regulados por el Ejecutivo.

La ley será enviada al TSJ para su revisión de constitucionalidad y luego al Ejecutivo para su promulgación. En la misma sesión, se discutió la posibilidad de desarrollar un instrumento legal que castigue los delitos que afecten la soberanía nacional, con la intención de aplicar penas a los «traidores a la patria».