El Gobierno envía una nota de protesta a Chile por sus críticas a la detención de opositores.

El gobierno de Nicolás Maduro entregó una nota de protesta al embajador de Chile en Venezuela por las críticas que hizo ese país a la detención de dos dirigentes y miembros del comando de campaña de la candidata y líder opositora, María Corina Machado.

En un post que escribió el viceministro para América Latina de la Cancillería, Rander Peña, se explica brevemente el motivo de esta nota diplomática.

«Resulta inaceptable que obcecadamente insistan en inmiscuirse en asuntos internos de un país soberano, colaborando con una sistemática campaña de desprestigio contra Venezuela», dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.

La Cancillería de Chile, como lo hicieron antes Argentina, Paraguay y Uruguay, se sumó a las críticas por las aprehensiones de Dignora Hernández y Henry Alviarez, cercanos colaboradores de Machado, a quien apresaron el miércoles 20 de marzo.

Según el Ministerio Público, tanto Hernández como Alviarez estarían implicados en un presunto plan para generar protestas violentas de calle que buscaban presionar la habilitación de Machado y así ella pudiera participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Además, habrían organizado toma de cuarteles militares en Táchira, con ayuda de militares venezolanos en el exilio, si las protestas no daban resultado. Esto, siempre según la versión que obtuvo la Fiscalía del jefe de comando de campaña de Machado en Barinas, Emill Brandt Ulloa, a quien apresaron a inicios de marzo.

En dos videos que presentó el miércoles el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Brandt Ulloa «confesó» los supuestos planes. Por este testimonio el Ministerio Público también pidió la detención de Magalli Meda, jefa de campaña de Machado; Claudia Macero, jefa de comunicaciones; Omar Moreno González, jefe de campaña en Anzoátegui; así como de otros colaboradores: Fernando Martínez Mottola, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalabos.

Qué dijo Chile de la detención de opositores

Chile dijo que el caso de Alviarez y Hernández era una «detención arbitraria» que condenaba de manera firme. Además aseguró que eran un obstáculo para los comicios presidenciales.

«La citada medida afecta seriamente la realización de las elecciones presidenciales democráticas, transparentes y libres, con la participación plena de todos los candidatos y candidatas, contraviniendo los Acuerdos de Barbados validados por la comunidad internacional».

Igualmente solicitaron el fin del hostigamiento y persecución contra los políticos opositores a Maduro, al hacer suyo el llamado de organismos multilaterales que defienden los derechos humanos.