En la presentación de la propuesta de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares ante la Asamblea Nacional (AN) de 2020, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, destacó que el texto complementa la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones y la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, de la que ella fue presidenta.
Esta nueva propuesta legal, al igual que la Ley Contra el Odio, plantea preocupaciones entre abogados y activistas de derechos humanos, ya que podría permitir la arbitrariedad institucional contra aquellos que discrepan con el gobierno, al dejar en manos de un funcionario la decisión de considerar si ciertos actos, como la protesta, son violentos o incitan a la violencia.
Además, otras leyes utilizadas por el gobierno en Miraflores para restringir derechos como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica han sido objeto de críticas constantes por parte de activistas y abogados de presos políticos.
Ley de Defensa de la Guayana Esequiba
La Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, promulgada por el presidente Nicolás Maduro, establece en su artículo 25 que aquellos que favorezcan públicamente la posición de la República Cooperativa de Guyana en torno a la Guayana Esequiba o deshonren los símbolos patrios de la Nación no podrán ser postulados a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos.
Esta ley también contempla la impugnación de candidaturas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por su parte, la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares también prevé inhabilitaciones e impugnaciones de candidaturas ante el TSJ en casos donde se promueva o haga apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares.
Ley contra el odio
La Ley Constitucional Contra el Odio Por La Convivencia Pacífica y la Tolerancia ha sido utilizada para sancionar a periodistas, miembros de ONG y líderes sindicales por mensajes en redes sociales o participación en protestas. Esta ley ha sido criticada por su impacto en la libertad de expresión y asociación.
La normativa también establece penas de prisión y sanciones económicas para aquellos que difundan mensajes de odio a través de diferentes medios, lo que ha generado preocupación entre la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos.
Odio y fascismo: libre interpretación
La ley contra el fascismo, aprobada en primera discusión en la AN, prohíbe la difusión de mensajes que promuevan actos fascistas en diferentes medios, incluidas las redes sociales. Esta ley también contempla penas de cárcel que van desde los 6 hasta los 12 años.
Según abogados como Simón Gómez Guaimara, estas leyes permiten una interpretación discrecional de lo que constituye instigar al odio y al fascismo, lo que podría llevar a situaciones de arbitrariedad en su aplicación.
¿Quiénes son terroristas?
La definición de terrorismo en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ha sido utilizada para imputar cargos a políticos opositores, activistas de derechos humanos y sindicalistas. Esta ley contempla penas de prisión de hasta 30 años para actos considerados como terrorismo, lo que ha generado críticas por su amplio alcance y posibles abusos en su aplicación.
Activistas como Rocío San Miguel y Javier Tarazona han sido imputados por terrorismo y traición a la patria, lo que ha generado preocupación sobre el uso de estas leyes para reprimir la disidencia.
Derecho a la propiedad amenazado
La Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2023, ha sido criticada por violar derechos constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad privada. Esta ley permite la confiscación de bienes sin sentencia firme en juicios penales, lo que ha generado preocupación entre juristas y la sociedad civil.
Otras “amenazas”
Además de estas leyes, el gobierno de Maduro ha mostrado interés en aprobar legislaciones que limiten la actividad de organizaciones no gubernamentales y castiguen actos contra la soberanía nacional. Estas medidas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, que ven en ellas una amenaza a la libertad de expresión y asociación en el país.
En resumen, las leyes propuestas y aprobadas en Venezuela en los últimos años plantean preocupaciones sobre la arbitrariedad en su aplicación y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
