El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado la extensión de sanciones a miembros de su tren ejecutivo por parte de la Unión Europea (UE), que ha decidido prorrogarlas por otros seis meses a partir del lunes 13 de mayo.
En un comunicado compartido por el canciller Yván Gil, se destaca la posición de Miraflores respecto a estas medidas que afectan a individuos como la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello; y el ministro de Energía Eléctrica y director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el general Jorge Eliéser Márquez, entre otros.
El gobierno venezolano considera que estas acciones son una manifestación de «arrogancia neocolonial, ilegal y hostil», contraria al establecimiento de un programa de cooperación política, social y económica entre la UE y Venezuela.
El portavoz del Servicio de Exteriores de la UE, Peter Stefano, informó a Europa Press que, como un gesto para fomentar elecciones inclusivas en Venezuela, la UE ha levantado temporalmente las sanciones contra el actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, quien fue sancionado en 2020 cuando era Contralor General de la República por su participación en las inhabilitaciones políticas de dirigentes de la oposición venezolana.
A pesar de esto, Amoroso rechazó la decisión de los países europeos y solicitó el levantamiento completo de las sanciones contra funcionarios del gobierno de Maduro.
En una declaración a los medios, Amoroso exhortó a la UE y a otros países, como Estados Unidos, a poner fin a todas las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas impuestas al pueblo venezolano, así como a detener la persecución de empresarios que colaboran con el Estado para garantizar alimentos y medicinas.
Por su parte, Miraflores exigió la eliminación de estas medidas, acusándolas de ser utilizadas como chantaje para interferir en el proceso político de Venezuela.
En abril, una misión exploratoria de la UE visitó Caracas para evaluar una invitación para observar las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El comunicado de Cancillería advierte que el gobierno se reserva el derecho de tomar decisiones políticas y diplomáticas que considere necesarias frente a la extensión de las sanciones.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez, una de las sancionadas, acusó a la UE de actuar «contra sus adversarios políticos». En su cuenta de una red social, Rodríguez afirmó que las sanciones ilegales van dirigidas a aquellos que defienden la democracia, los derechos humanos y la paz en Venezuela, pero no contra quienes cometen genocidio o violan los derechos de los pueblos.
Para leer el comunicado completo, haga clic aquí.
Esta entrada ha sido publicada el mayo 14, 2024 7:23 am
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