Un estudio realizado por la ONG Acceso a la Justicia reveló que el 28 % de las leyes aprobadas en el 2023 por la Asamblea Nacional de Venezuela no han sido publicadas en la Gaceta Oficial, lo que significa que no han entrado en vigor y no pueden ser exigidas legalmente.
Según la ONG, de los 14 instrumentos legislativos dictados el año pasado por la AN, cuatro de ellos no han sido publicados, lo que pone en duda su vigencia real. Estos instrumentos incluyen la Ley Especial de las Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas, la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre los Gobiernos de Venezuela y de Turquía relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero del Año 2024 y la Ley Especial de Endeudamiento Anual.
Acceso a la Justicia destacó la importancia de la publicación de estas leyes, especialmente en el caso de la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento, ya que determinan el destino de los fondos estatales para servicios esenciales como educación, salud, seguridad, pensiones, jubilaciones e inversiones en infraestructuras y servicios públicos.
La ONG también señaló que no se conoce si el presidente Nicolás Maduro ha vetado parcial o totalmente alguno de los instrumentos legislativos, o si los ha promulgado. Esta situación no es nueva, ya que en el pasado se han registrado retrasos significativos en la publicación de leyes, como en el caso de la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.
De acuerdo con la Constitución de Venezuela, una ley queda promulgada al publicarse con el correspondiente ‘cúmplase’ en la Gaceta Oficial, y es obligatoria desde su publicación en dicho medio.
