La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) pospuso la sanción de la ley para regular y fiscalizar a las ONG, a pesar de la promesa inicial de Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Política Interior y líder chavista. De los 39 artículos, solo se sometieron a discusión nueve, dejando pendiente la aprobación para una próxima sesión.
Según Mario D’ Andrea, codirector de la ONG Civilis, el diferimiento puede deberse a estrategias de negociación con Estados Unidos o a falta de consenso interno en el gobierno sobre la delicadeza y posibles efectos de la ley. Alí Daniels, también abogado y codirector de Acceso a la Justicia, coincide en la falta de acuerdos internos como posible motivo.
El proyecto de ley, aprobado en primera discusión en enero de 2023, fue ampliado de 17 a 39 artículos, incluyendo disposiciones transitorias. Se destaca el cambio en el título, ahora denominado «Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro». Este cambio implica una ampliación del alcance hacia fundaciones, según D’ Andrea.
Por su parte, Daniels señala que la intención es que ninguna ONG quede excluida de la regulación, independientemente de su forma legal de asociación. El énfasis del chavismo está en regular el financiamiento internacional recibido por las ONG, argumentando posibles desvíos de fondos a actividades políticas contrarias al gobierno.
El proyecto contempla un nuevo registro ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) para las ONG y organizaciones sin fines de lucro. Este requisito adicional genera preocupación en las organizaciones, ya que implicaría una carga económica significativa y una nueva traba burocrática.
Se destaca el artículo 23 que establece prohibiciones para las ONG, como recibir fondos para actividades políticas o promover el odio nacional. El incumplimiento de estas normas puede llevar a la disolución de la organización, junto con multas económicas que podrían ser consideradas excesivas por los críticos de la ley.
Abogados como Daniels y D’ Andrea alertan sobre el carácter punitivo y discrecional de la ley, que podría utilizarse para perseguir y sancionar a las organizaciones que no sean afines al gobierno. La visión del Estado hacia las ONG es percibida como hostil, buscando limitar su acción en la defensa de los derechos humanos y la ayuda humanitaria.
En resumen, la ley para regular y fiscalizar a las ONG en Venezuela ha generado controversia y críticas por su alcance, regulaciones e impacto en la sociedad civil, evidenciando tensiones entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales.
Esta entrada ha sido publicada el mayo 22, 2024 5:45 pm
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