
Seis opositores venezolanos se encuentran asilados en la Embajada de Argentina en Caracas a la espera de que el Gobierno de Venezuela otorgue los salvoconductos para salir del país. Esta situación se da en el marco de la Convención sobre Asilo Diplomático (1954), la cual establece que el Estado asilante puede solicitar la salida del asilado hacia territorio extranjero y que el Estado territorial está obligado a proporcionar el correspondiente salvoconducto, salvo en casos de fuerza mayor.
Expertos en Derecho Internacional como Simón Gómez, de la Universidad Católica Andrés Bello, y Juan Francisco Contreras, del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, coinciden en que Venezuela no podría argumentar «fuerza mayor» para negar los salvoconductos a estos opositores.
Existen casos en los que gobiernos han denegado salvoconductos basándose en la convención que prohíbe conceder asilo a personas inculpadas o procesadas por delitos comunes. Por ejemplo, el expresidente panameño Ricardo Martinelli fue condenado por blanqueo de capitales, lo que motivó a Panamá a negarle el salvoconducto.
Por otro lado, el caso de Pedro Carmona, quien participó en un golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, muestra que, a pesar de ser acusado de rebelión, Chávez otorgó un salvoconducto cuando Carmona se asiló en la Embajada de Colombia en Caracas.
Aunque el Gobierno de Venezuela no ha confirmado si aprobará o negará los salvoconductos a los opositores, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ha declarado que serán negados. Ante esta situación, Argentina ha exigido la emisión inmediata de los salvoconductos según lo establecido en la Convención de 1954.
Para José Bruzual, experto en Derecho Internacional Público, este caso no se resuelve únicamente con criterios jurídicos, ya que el Estado asilante tiene la potestad de otorgar asilo, pero el Estado territorial puede negar el salvoconducto basándose en la naturaleza de los delitos.
Los seis opositores refugiados en la Embajada de Argentina son miembros del partido de la opositora María Corina Machado y han sido acusados de diversos delitos como conspiración y traición a la patria. Según la convención, el funcionario asilante debe tomar en cuenta las informaciones del Gobierno territorial sobre los delitos, pero puede decidir continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido.
En caso de que Venezuela niegue la autorización, no hay un mecanismo internacional que obligue al país a otorgar el salvoconducto, según el internacionalista Contreras.
Esta entrada ha sido publicada el junio 17, 2024 11:00 am
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